jueves. 28.03.2024

El Partido Popular Europeo logró este miércoles en la Eurocámara la aprobación de un marco de seguridad jurídica singular para los productores de plátano de la Unión Europea y de los países ACP ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de aranceles a las importaciones de terceros países.

El eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, entiende que la incorporación de esta enmienda popular a la resolución del Parlamento Europeo sobre las perspectivas del programa de Doha para el Desarrollo tras la Séptima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio Común “es imprescindible a todas luces para dotar a las producciones canarias y a las del resto de la Unión Europea de la cobertura legal básica que garantice la permanencia futura de esta actividad económica”.

“La enmienda del PPE enriquece la resolución parlamentaria y además de defender el establecimiento de un marco de seguridad jurídica genuina, mandata con toda claridad a las instituciones comunitarias a velar por las repercusiones económicas en las producciones europeas del nuevo acuerdo comercial con terceros países”, señala Mato.

Para el eurodiputado canario, “a la par que el Parlamento Europeo, es preciso que el Gobierno de España se movilice más allá de las palabras para consolidar con las herramientas a su alcance ese marco de seguridad jurídica y económica, activando medidas e instrumentos ya establecidos y aprobados por el Congreso de los Diputados a instancias del PP como, por ejemplo, las ayudas netas al transporte de la fruta desde Canarias a la Península”.

“De lo contrario, las consecuencias para los productores canarios de plátano pueden ser irreparables en el nuevo escenario comercial de incremento de los contingentes de acceso al mercado comunitario de banano procedente de los países terceros -andinos y centroamericanos- debido a la caída drástica de los aranceles”, añadió.

Por otra parte Gabriel Mato, ha mostrado su pesar por el acuerdo alcanzado ayer por la Unión Europea y los países latinoamericanos para reducir el arancel bananero, ya que considera que la disminución progresiva del impuesto de entrada a la fruta de los actuales 176 euros por tonelada hasta los 114 euros perjudica de forma muy grave al sector agrícola de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

Gabriel Mato se suma a la inquietud mostrada por los productores de plátanos de la Unión Europea (UE), porque el acuerdo adoptado para bajar progresivamente el arancel bananero para los exportadores latinoamericano implica una menor competitividad para los primeros. “Esta situación representa un inconveniente más para la estado de incertidumbre que vive el sector agrícola europeo.

En su opinión, es necesario que la Comisión Europea afronte sin complejos la resolución del problema de los agricultores de las Regiones Ultraperiféricas, que se ven abocados “a una crisis de difícil salida”, subraya el eurodiputado canario del PP, quien apostilla que la adopción del acuerdo sobre el arancel al plátano no comunitario no es la vía acertada para proteger al sector primario de la Unión Europea.

También lamenta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se haya implicado lo suficiente en la defensa de los intereses de los exportadores plataneros canarios. A su juicio, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, “no hizo los deberes” durante las negociaciones que han tenido lugar en Ginebra, sede de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y cuyo resultado ha sido el acuerdo alcanzado para la reducción del arancel bananero para Latinoamérica.

Gabriel Mato añade que "ya no caben más disculpas y seguir engañando a los agricultores y, por tanto, el Gobierno Socialista debe dar cumplimiento al acuerdo del Congreso de los Diputados y de forma inmediata proceder a la compensación al transporte".

Gabriel Mato, en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, concluyó que " el futuro para el sector agrícola en general es incierto, pero sobre todo para los agricultores de las Regiones Ultraperiféricas" y, por ello, requirió a la Comisaría de Agricultura "una actuación decidida y sin complejos por parte de la Comisión Europea".

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