El Partido Popular (PP) exige la inmediata dimisión del alcalde de Arrecife, el socialista José Montelongo, tras la decisión adoptada por el juez del Juzgado número 4, Ricardo Fiestras, que le atribuye presuntos delitos contra la Administración pública en dos piezas del Caso Montecarlo, por prevaricación, malversación, fraude y falsificación en documento público y ha fijado una fianza para el alcalde de 1,3 millones de euros.
La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, recuerda este miércoles en nota de prensa enviada a este diario que denunciaron que José Montelongo se presentó a las pasadas elecciones como imputado, incumpliendo con los principios básicos de comportamiento ético y honradez que debe prevalecer en un cargo público.
En ese sentido, pide que si él no da el paso de dimitir, que su partido se lo exija en cumplimiento del código ético del PSOE que señala que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
Astrid Pérez considera que ahora es el momento para que el PSOE demuestre su apuesta por “la limpieza y calidad democrática en la política ante cualquier forma de corrupción pública en la que priman los intereses particulares sobre el interés general, como ha quedado evidente con José Montelongo.
“La corrupción de izquierdas es también corrupción y mientras que en el PP hay cargos públicos que dimiten aunque no hayan cometido delitos, esperamos que en el PSOE se adopte la misma postura con la misma inmediatez y haga limpieza en sus filas”, añade.
Al socialista José Montelongo se le exigen 2 millones por pagos de cuando ostentaba el cargo de concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Arrecife, reconocimientos de deudas que fueron llevados a pleno por facturas presentadas por empresas que habían hecho supuestos servicios al consistorio fuera del presupuesto, “lo que evidencia la gravedad de los presuntos delitos que se le imputan”.
