sábado. 20.04.2024
Cristina Tavío pide al Ejecutivo regional que “diga la verdad” y señale qué actuaciones financiará con cargo al Plan 2013-2016

El PP exige al Gobierno que defina sus prioridades en rehabilitación de viviendas

La diputada del PP recuerda que “por pura negligencia” aun hay 9,1 millones sin justificar de obras de las que “solo hay un cartel”

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, reclamó este jueves al Gobierno regional que aclare sus prioridades en el área de rehabilitación de viviendas, y defina ante el Ministerio de Fomento qué actuaciones va a financiar con cargo al Plan Estatal 2013-2016. “El Ejecutivo está tardando en decir la verdad: Ha bloqueado inversiones millonarias por su propia incompetencia, mientras crece el paro en el sector de la construcción”, afirmó.

“La política ineficaz de este Gobierno nos ha llevado a que haya 76,2 millones de euros sin justificar correspondientes a los Planes de Vivienda de 2005 a 2012, de los cuales 9,1 corresponden a la rehabilitación de inmuebles, en los que a día de hoy solo hay un cartel y no se ha movido ni una piedra”, manifestó Tavío hoy en Comisión parlamentaria.

“Estas obras no se han hecho, por lo que difícilmente se podrán justificar”, ironizó la diputada del PP, quien exigió un giro en la materia para aprovechar las ventajas del nuevo plan del Gobierno de la Nación, “que permite financiar obras pendientes de ejecución”.

El Grupo Popular calcula que los anteriores Planes de Vivienda (2005-2008 y 2009-2012), pudieron haber generado actividad económica por valor de 133 millones de euros, solo en concepto de ayudas públicas a la rehabilitación. Se trata de los fondos que el Gobierno de la Nación, el Ejecutivo regional, los Cabildos insulares y los distintos ayuntamientos dejaron de invertir en ese periodo, que afectan a unas 4.000 viviendas de 32 núcleos de las islas.

“Esta actuación tan negligente nos ha costado muy cara, pues ha perjudicado a los propietarios de viviendas necesitadas de rehabilitación, a empresarios y trabajadores del sector de la construcción, e incluso a ayuntamientos canarios que adelantaron dinero para llevar a cabo estas obras”, apuntó Cristina Tavío.

La parlamentaria popular recomendó durante la Comisión, por ello, al Gobierno que “deje de acusar al Ministerio de Fomento de maltrato, pues la única realidad es que tienen que justificar los fondos públicos recibidos para que Canarias pueda beneficiarse del nuevo marco inversor 2013 – 2016, que contempla importantes medidas dotadas con 2.500 millones de euros en cuatro años”.

“Los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene prevén 20,5 millones para Canarias en materia de Vivienda, pero todo pasa por definir actuaciones concretas y, ante todo, reconocer que los plazos se han incumplido y que no se ha sabido invertir el dinero hasta ahora”, dijo.

Tavío tachó de “sectaria” la política de Vivienda del Gobierno, “que le ha llevado a seguir diferentes criterios en función del color político de los ayuntamientos, perjudicando a municipios que han adelantado el dinero, como Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PP”, y recordó que el sector de la construcción se encuentra en una situación crítica, con el paro afectando a casi 400.000 canarios.

“Es paradójico, por ello, que el presidente Rivero se dedique a prometer que sacará adelante la economía canaria a través de la rehabilitación de la planta hotelera, y anuncie créditos y planes de empleo dirigidos a potenciar la inversión privada, que hasta ahora no hemos visto”, concluyó.

Ayuda en emergencias

Asimismo, la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, Milagros Bethencourt, denunció la insensibilidad y falta de interés del Gobierno en la gestión de la ayuda contenida en los cinco decretos vivos que tiene su Departamento, para Medidas urgentes y extraordinarias por siniestros o catástrofes por lluvias o incendios, algunos desde el año 2009.

“No puede ser que todavía hoy haya familias pendientes de cobrar ayudas por sus enseres básicos desde el año 2009, y sea este año cuando se prevé en la Ley de Crédito Extraordinario cerca de un millón de euros para socorrer a personas que, en algún caso, lo perdieron todo”, dijo Bethencourt.

“El Gobierno –apostilló- ha negado reiteradamente en este Parlamento que existieran esas deudas, pero lo cierto es que hay hasta cinco decretos que se emitieron para ayudar a afectados por catástrofes y emergencias de distinto signo, cuyos destinatarios están aún sin cobrar por la negligencia de este departamento”.

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