El grupo de gobierno del Cabildo es nuevamente objeto de críticas por sus decisiones relacionadas con la gestión del territorio.
El apoyo del grupo de gobierno de Yaiza a las medidas urgentes promovidas por el Gobierno canario para agilizar la ordenación del territorio, incluyendo alternativas para la legalización de establecimientos alojativos con deberes pendientes, y la postura contraria del Cabildo insular sigue levantando roncha entre las distintas fuerzas políticas. De todos es conocido que la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha manifestado sentirse “engañada y decepcionada” después de retirar una moción de respaldo a las medidas y la posterior emisión de un comunicado del Cabildo que deja mal parada a la Corporación sureña. El PP ratifica que en Lanzarote en materia urbanística no hay criterios de igualdad. La consejera Astrid Pérez estima que el convenio Yudaya es un ejemplo claro del “juego, la hipocresía política y la doble moral” del Partido Socialista (PSOE). Los populares exigen transparencia aunque se atreven a augurar que no llegará y anuncian que en consecuencia apelarán a las prácticas de “detective privado” para conocer las verdaderas intenciones de quienes gobiernan. El PP critica que los socialistas en su momento permitieran la construcción de hoteles ilegales y ahora se nieguen a respaldar medidas que busquen la normalización de los mismos. “El Cabildo tendrá que definirse entre las dos opciones: legalizarlos o derrumbarlos”, comenta Pérez, quien invita a la presidenta Manuela Armas a hablar menos y actuar más. El PP opta por el trabajo consensuado entre Gobierno, Cabildo y ayuntamientos (Yaiza y Teguise) para encontrar una salida viable a un problema que amenaza con eternizarse. En consecuencia, Pérez insta a Armas a articular “otras medidas” para ordenar el territorio ya que no comparte las del Ejecutivo regional y además se muestra sorprendida por la queja de los promotores del plan parcial Playa Blanca que señalan al Cabildo por no medir con la misma vara a las distintas urbanizaciones que se levantan en la Isla.
“Barbaridad”
Los afectados del plan parcial Playa Blanca también piden al Cabildo igualdad en su actuación y claman acabar con la inseguridad jurídica que generan los pleitos relacionados con sus propiedades. No entienden que Manuela Armas diga que no habrá derribos y a la vez mantenga en los tribunales los procedimientos que los posibilitan. Los promotores del plan parcial Playa Blanca advierten que una primera estimación de las indemnizaciones que tendrían que afrontar las administraciones públicas supera los 200 millones de euros. Manuel Fajardo, consejero de Coalición Canaria (CC), tilda de “barbaridad” la gestión del territorio desarrollada por la Primera Corporación insular y vuelve a pedir el debate serio de tres temas trascendentales para la Isla: el territorio, la gestión del agua y las directrices presupuestarias.
Al PNL no le sorprende
El ex concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez (PNL), sostiene que su partido está cansado de denunciar el trato discriminatorio del Cabildo, por tanto, no le sorprende para nada la queja referida al plan parcial Playa Blanca. “Cuando estábamos gobernando en Yaiza siempre denunciamos este problema y nuestra disposición con el Cabildo era la de esclarecer todos estos asuntos y buscar la mejor solución para acabar con los pleitos”, apunta el político nacionalista. “Es el principio de la guerra fuerte porque la guerra ya hace años que empezó”, agrega Rodríguez. El PNL piensa que si el Cabildo estuviera de verdad por la labor de solucionar el problema tendría que consensuar con los ayuntamientos el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
