El diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Felipe Afonso, lamentó este jueves “la falta de previsión y la improvisación” de la Consejería de Educación en la administración de los fondos recibidos del Estado para mejorar la enseñanza, combatir el fracaso escolar y reforzar las lenguas extranjeras, y lamentó “la falta de criterio y objetivos para gastar más de ocho millones de euros que nuestro sistema educativo necesita más que ninguna otra comunidad”.
Según denuncia en nota de prensa el parlamentario popular, la Consejería de Educación “ni siquiera tenía previsto” en su presupuesto de este año las partidas recibidas de Madrid para desarrollar los cuatro programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA); disminución del abandono escolar; financiación de libros de texto y material didáctico e informático; y mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras, “y ha obligado a los centros escolares a improvisar actuaciones sin más criterio que justificar el dinero recibido”.
La mayor parte de los centros recibieron la distribución de estos fondos entre enero y febrero “sin conocer previamente su finalidad, y los están administrando más como un gasto corriente que como una verdadera inversión en la mejora de la calidad educativa”.
Según ha podido saber Felipe Afonso, “incluso hay institutos que tienen previsto cerrar este curso y que están siendo obligados a comprar material informático, mientras en otros centros hay verdaderas carencias de material didáctico”.
El diputado del PP calificó de “lamentable” la gestión que la Consejería está realizando este año de los programas del Ministerio, “y en cierto sentido una auténtica vergüenza, si tenemos en cuenta la situación social y económica de los escolares canarios y los pésimos indicadores de fracaso y abandono temprano”.
Para el Partido Popular resulta “inexplicable” lo ocurrido, teniendo en cuenta que se trata de programas anuales que todas las Autonomías tienen previsto en cada curso escolar. Los planes de este año en concreto fueron aprobados definitivamente en el Consejo de Ministros del 14 de diciembre pasado, tras la formalización de los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Educación, y la Consejería dispone hasta el 31 de diciembre de 2013 para justificar su ejecución.
