El Partido Popular (PP) ha mostrado este miércoles su sorpresa por la facilidad y la rapidez con la que el equipo de gobierno del Cabildo ha cambiado su posición respecto a los criterios que hasta ahora han marcado el reparto del IGIC y haya votado a favor de ceder a la Comunidad Autónoma el 50 por ciento de la recaudación que se obtendrá por la subida de este impuesto, según explican en una nota de prensa enviada a este diario.
Desde las filas de los populares no se entiende que CC y PSOE propusieran en el Pleno del lunes transformar la moción del PP en un acuerdo institucional para que, a renglón seguido, se reunan con el presidente del Ejecutivo y apoyen una propuesta contraria a lo aprobado, rompiendo así con el actual sistema de distribución del IGIC entre los Cabildos y los Ayuntamientos. Una propuesta que, según las primeras estimaciones, hará que las corporaciones locales dejen de percibir alrededor de 250 millones de euros.
Para la presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, resulta lamentable que “el representante del Cabildo de Lanzarote en ese encuentro no defendiera con firmeza el posicionamiento que la Institución había aprobado 24 horas antes y que, tras una somera referencia al mismo, se plegara a los intereses del Gobierno de Paulino Rivero, cediendo, sin compensaciones y hasta el 2015, la mitad de la recaudación por IGIC”.
El Partido Popular considera que esta decisión es un duro golpe para la Corporación y recuerda que en los presupuestos de 2012 ya se recoge que los gastos están tremendamente ajustados respecto a los ingresos.
Según Astrid Pérez resulta llamativo que el Gobierno de Canarias alabe “el esfuerzo solidario” que han hecho los Cabildos y Ayuntamientos cediendo su parte del IGIC pero se muestre incapaz de afrontar reformas estructurales para adelgazar y rebajar el coste de la administración. “Y esto sucede”, afirma, cuando precisamente si hay un cabildo que esté dando muestras de solidaridad institucional es precisamente el Cabildo de Lanzarote, que lleva años prestando servicios que no son de su competencia y que de mantenerse en el tiempo podrían poner en riesgo la prestación de aquellos que sí lo son”.
