viernes. 29.03.2024
Los populares se soprenden de que "sí puedan gastarse 2.600 euros al mes para pagar a un asesor que organice caceroladas en contra de las prospecciones”

El PP critica que el Cabildo priorice los gastos contra las prospecciones en lugar de cumplir con la ayuda a domicilio para personas dependientes

La presidenta insular, Astrid Pérez, asegura que “mientras muchas familias en la isla esperan por la ayuda económica, el equipo de gobierno paga 2.600 euros mensuales a un asesor para organizar caceroladas contra las prospecciones”

El Partido Popular ha mostrado a través de una nota enviada a Crónicas su rechazo hacia la política que desde el Cabildo se está llevando a cabo en contra de las prospecciones en cuanto que se ha convertido en la única prioridad del equipo de gobierno conformado por CC y PSOE.

Para los populares, el eje de la gestión cabildicia gira principalmente en torno a las campañas mediáticas que se están llevando a cabo y cuyo coste económico es absolutamente reprobable a tenor del momento tan complejo por el que están atravesando las instituciones públicas.

En este sentido, la presidenta insular del Partido Popular, Astrid Pérez, ha censurado la primacía económica que se le está dando al tema de las prospecciones dentro de los escasos recursos de los que dispone el Cabildo, asegurando que “mientras no se cumple con la ayuda a domicilio de las personas dependientes, supuestamente por la falta de dinero, sorprende que sí puedan gastarse 2.600 euros al mes para pagar a un asesor que organice caceroladas en contra de las prospecciones”.

Según Pérez, los recursos de la institución deben dirigirse de forma “preferente” a solucionar o paliar los problemas que “a día de hoy tienen los lanzaroteños”, “y no a campañas propagandísticas sobre un asunto que tiene su propio recorrido en los tribunales y que, además, no se va a determinar ni hoy, ni mañana ni el año que viene”.

La presidenta de los populares lanzaroteños insiste en que CC se está riendo de la ciudadanía al gastarse el dinero público en liderar una campaña en contra de los sondeos cuando, lo que realmente se esconde detrás, es una cuestión de competencias y de reparto de los beneficios económicos que pudieran generarse, si finalmente se determina la ejecución de los proyectos.

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