La vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular de Canarias y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, acusó este lunes al Gobierno Regional de “tomar el pelo a los afectados por posibles demoliciones en el litoral de las Islas a consecuencia de la actual Ley de Costas, alargando su calvario sin necesidad”, según explican los populares en nota de prensa.
Tavío se entrevistó este lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, responsable en materia de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con quien coincidió en la necesidad de exigir que el Gobierno canario elabore “cuanto antes” un censo de viviendas del litoral isleño, en colaboración con las Corporaciones locales, con el fin de delimitar qué poblados marineros reúnen valor etnográfico y paisajístico que aconseje su conservación”.
“Decenas de familias llevan tres años de agonía con una sentencia en la mano, esperando una decisión sobre su realojo, que es competencia exclusiva de las Instituciones canarias”, denunció la parlamentaria del PP, quien recordó que Costas solo podrá legalizar aquellos núcleos de las siete Islas incluidos en ese listado, a través de los instrumentos que facilitan las leyes de la comunidad autónoma.
“Para el Gobierno de España es imposible saber cuántas viviendas canarias están afectadas, porque el Gobierno de Rivero incumple desde 2009 la obligación de remitir un catálogo de los asentamientos que merecerían ser conservados, en cumplimiento de nuestra propia legislación”, indicó la diputada del PP, que recordó que el Ministro de Medio Ambiente estima en 2.000 las viviendas de toda España en esta situación.
“Esta sería la única forma de acogerse a la beneficiosa regulación de la nueva Ley de Costas, que permitiría preservar los núcleos que tuvieran valor paisajístico y etnográfico, según la propuesta de las Instituciones canarias, y garantizasen uso sostenible del litoral”, apostilló Tavío, para quien “sería un desastre que solamente el Archipiélago se quede fuera porque las Administraciones de la comunidad autónoma no quieran colaborar”.
Seguridad jurídica
El encuentro entre Ramos y Tavío, celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permitió repasar las singularidades de las Islas en la nueva Ley que elabora el Gobierno de España y ahondar en la necesidad de que las Administraciones colaboren para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Tavío agradeció personalmente la sensibilidad demostrada por el Ministerio con las características del litoral canario, que quedaron de manifiesto cuando el propio Arias Cañete garantizó en la presentación de la Ley que Canarias ha de tener una regulación específica en materia de deslindes.
En este sentido, puso como ejemplo de la “bochornosa actitud del Gobierno de Canarias”, la “delicada situación” de una docena de vecinos del núcleo tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria, que llevan dos años esperando una solución a su realojo que nunca llega.
La dirigente popular reiteró que “en los difíciles momentos de crisis que vivimos, no se puede consentir que haya familias esperando tres años por el realojo, lo cual alarga su agonía”.
Cristina Tavío recordó que desde septiembre de 2010, los vecinos aguardan a que el Ayuntamiento, el Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Medio Ambiente cumplan con su compromiso de buscar una solución que permita la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el Gobierno de España desea que se cumplan con la menor afección posible.
Por este motivo, citó el caso de Güímar, también en Tenerife, “cuyo Ayuntamiento logró salvar las propiedades y actividad económica de varios núcleos de su litoral, poniéndose a disposición de sus vecinos y facilitando una aplicación de la vigente Ley que favorezca el uso sostenible de la costa”.
