El Partido Popular (PP) en La Oliva, en la isla de Fuerteventura, ha exigido este viernes al grupo de gobierno municipal que retire el Decreto de la Alcaldía con fecha 2 de julio con el que amenaza a los taxistas con sanciones de hasta 3.000 euros por las manchas de aceite que generan los taxis situados en la Avenida Nuestra Señora del Carmen.
Para los populares, “se trata de un Servicio Público que se presta de forma provisional en la Avenida Nuestra Señora del Carmen ante las obra de la calle según el Ayuntamiento y, ahora, no pueden ser extorsionados por la falta de responsabilidad del Ayuntamiento a la hora de acatar sus propias ordenanzas”, denuncia el concejal Javier Hernández.
Así, el Decreto emitido por la Alcadesa contraviene la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos en su artículo 1. a) donde se recoge que “la gestión de los residuos urbanos que, conforme a la legislación vigente, sea competencia de los Ayuntamientos”.
También en su apartado b): “en cuanto sea de su competencia la gestión, control e inspección de los equipamientos destinados al depósito, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos, y de las acciones de limpieza de la vía pública”.
Y más concretamente en el 1c), que establece que “la limpieza de la vía pública, en lo referente al uso por los ciudadanos, y las acciones de prevención encaminadas a evitar el ensuciamiento de la misma”.
En tanto en cuanto, La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 26, 1 recoge que es competencia municipal la recogida de residuos y la limpieza viaria, “los populares entienden que este decreto se desentiende de las competencias municipales propias”.
“Un servicio, competencia del consistorio, como ocurre en todos los municipios de España, donde son los Ayuntamientos lo que se encargan de limpiar las manchas que se producen en las vías”, sentencia el concejal.
El decreto de la Alcaldía, sin embargo, exige al colectivo de taxistas municipal instalado en la Avenida del Carmen de forma provisional que, en plazo de 48 horas, procedan a limpiar la zona o será el consistorio el que realice los trabajos cuya factura tendrá que pagar la Asociación de Taxis.
El incumplimiento de este decreto acarrea sanciones que oscilan entre los 750 euros, para las infracciones leves, y los 3.000 euros “aunque en la Ordenanza se hace referencia a multas que llegan a superar el millón de euros”, denuncia el popular.
“Lo que tienen que hacer es dotar a los operarios de un producto desengrasante biodegradable o ecológico que se aplique en la zona a limpiar, como hacen otros consistorios, después de la actuación del equipo de alta presión del que dispone el Ayuntamiento de La Oliva para limpiar sus aceras”.
“Y la acción preventiva a la que hace mención la Ordenanza podría pasar por aplicar un tratamiento especial a esa zona de la calzada para facilitar la eliminación de estas manchas y no sólo por multar a estos trabajadores”.
“Todos debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y ayudar a tener el pueblo limpio. Las administraciones deben, por otro lado, realizar trabajos de limpieza de forma periódica, mediante la utilización de maquinaria diseñada al efecto que proyecta agua a presión fría o caliente, acompañada cuando es necesario, con detergentes”.
“No puede ser que no ejerzan sus competencias y encima quiera recaudar amenazando vía decreto a vecinos, empresarios y colectivos”, lamenta Hernández.
Los populares presentarán un recurso de reposición para revocar el Decreto que contempla “sanciones desproporcionadas aplicadas a un colectivo a pesar de que las competencias son municipales”.
Javier Hernández y Guacimara González defenderán además una moción en el próximo pleno en la que exigen a la “Alcaldía y su grupo de gobierno a que limpien de forma periódica las vías, aceras y calles de Corralejo en lugar de amenazar y sancionar a comerciantes y taxistas”.
