viernes. 29.03.2024

El portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Florián Corujo, dijo que su partido, como cree que lo harán todos los grupos políticos de la oposición, llegará donde tenga que llegar para declarar la nulidad del acuerdo plenario de fecha 21 de julio de 2006 que aprobó definitivamente el Plan Especial del Puerto de Arrecife (PEPA). Corujo, que ya presentó un recurso de reposición contra dicho acuerdo, dijo que no es cierto que la oposición no deje hacer nada, sino que sencillamente pide que decisiones tan importantes para el desarrollo de Arrecife sean tomadas al menos escuchando la opinión de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento. Para el edil pilista el no haber considerado las alegaciones es el mejor ejemplo de que el PEPA fue aprobado “con nocturnidad y alevosía”. “Ni siquiera el concejal de Hacienda se había enterado de la aprobación definitiva del PEPA”, anotó Corujo.

El PIL piensa que la idea inicial del partido sobre la ordenación del puerto y su área de influencia se ha desvirtuado completamente por los concejales que ahora tilda de tránsfugas. Curujo cree que María Isabel Déniz, Celso Betancor y compañía están traicionando los intereses de Arrecife para acomodarse a las necesidades de la Autoridad Portuaria de Las Palmas quien sabe con qué objetivo. El concejal tachó indirectamente a sus ex compañeros de políticos de “pacotilla”.

El PIL expone en su recurso que el Ayuntamiento de Arrecife carece del preceptivo Sistema General de Puertos que dé base legal al PEPA y a la denominada zona de servicios del puerto. Subraya además que las actuaciones urbanísticas a realizar en la capital deben regirse estrictamente por el Plan General de 1998, el cual no contempla sistema general portuario alguno, por lo que, sin dicho requisito legal, no puede desarrollarse un plan especial del calado del PEPA.

Fraude de ley

El PIL advierte de que el grupo de gobierno ha pretendido basar el PEPA en el “Plan General vigente” pero sostiene que se refiere a la Adaptación Básica, olvidando, realza, que ésta carece de efecto legal alguno al estar siendo sometida a un proceso de rectificación de lo que se ha llamado “errores de volcado del documento”, errores que según el PIL invalidad definitivamente su aplicación como norma urbanística y cuyas consecuencias todavía están por determinar judicial y legalmente.

De otra parte, el PIL señala que se ha pretendido aprobar el documento sin cumplir con los trámites legales preceptivos para ellos. Corujo entiende que las prisas de la alcaldesa y su grupo de gobierno están dadas con el fin de evitar la aplicación de la Ley 9 /2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y que deriva de la Directiva Europea de obligado cumplimiento para los estados miembros.

Obviaron trámites legales

Otro de los incumplimientos esbozados por el PIL realza la violación a la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales y del Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación. Dicha ley establece la obligación de contar con informe jurídico previo a la aprobación del PEPA y dicho trámite ha sido obviado de forma clara en el expediente administrativo, “siendo causa de nulidad del mismo”. Agrega: “es evidente que se ha incumplido de forma clara el proceso legal, siendo causa de nulidad en virtud de numerosas sentencias y pronunciamientos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) en este sentido.

Sin tener en cuenta a la COTMAC y el Cabildo

En un apartado más del recurso el PIL destaca que prescindir de los preceptivos informes del Cabildo y de la COTMAC, en un intento de planificar el espacio portuario ignorando manifiestamente la obligada intervención de los órganos supramunicipales o de la normativa de rango superior, supone una causa nulidad del PEPA. Asimismo, destaca que las modificaciones producidas en el documento entre su aprobación inicial y provisional, mediante decretos de la alcaldesa, son de tal calado que suponen un cambio estructural y sustancial que requieren la retroacción de las actuaciones y la apertura de un nuevo periodo de información pública. Uno de ellos: la minimización de los rellenos propuestos entre el Charco de San Ginés y la dársena de Naos hasta el límite imprescindible para la intervención Puerto - Ciudad.

El PIL señala que el PEPA se aprobó con “nocturnidad y alevosía”
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