La portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Cabildo, María José Docal, manifestó este miércoles en el programa radiofónico “El Despertador” de Lanzarote Radio que los contratos de la Unión Temporal de Empresas Edam-Janubio y Chafariz ya han sido llevados a la Fiscalía por parte de su grupo político.
En este sentido, la consejera explicó que la visita que ha realizado en estos días a las instalaciones del edificio judicial se debe a un cambio en la fecha de ratificación de la denuncia, fecha que en principio estaba prevista para septiembre pero que debido a una revisión médica que debe realizar dicha consejera en el mismo mes en Barcelona se vio obligada a solicitar dicho cambio.
Docal también aseguró que la intención de su grupo es evitar que Inalsa tenga que pagar los 10 millones de euros a los que se les condenó a través de un laudo arbitral en Las Palmas de Gran Canaria, a la vez que recriminó al consejero delegado de dicha empresa de Aguas, Mario Pérez, que se vanaglorie de cosas que no son ciertas.
“Cada vez que Mario Pérez sale a los medios es única y exclusivamente para vanagloriarse de algo que encima no es cierto porque según estamos viendo las cuentas pues tampoco es verdad lo que se está diciendo de tantos millones de euros”, aclaró la consejera en relación a este asunto.
La portavoz del PIL en el Cabildo recordó que la decisión de su grupo de ir a la Fiscalía se debió única y exclusivamente a un mandato del Pleno, a raíz de una moción presentada por el PIL y que fue aprobada en esa misma sesión.
“Yo fui a la Fiscalía por mandato del Pleno, no porque nosotros quisimos ir porque ya se sabe que presentamos una moción y en esa moción se nos respondió de una manera prepotente; la respuesta fue en aquel momento por parte de Mario Pérez que ya que Plácida Guerra había firmado el contrato, fuera ella la que lo llevara a la Fiscalía y eso es lo que hicimos”, aclaró Docal.
Errores administrativos
La consejera del PIL manifestó encontrarse al corriente del estudio elaborado por la comisión técnico-jurídica constituida con la misión de evitar que la empresa pública que gestiona el agua pague 10 millones de euros por un supuesto incumplimiento del contrato.
Dicha comisión emitió un informe de 31 folios donde se considera que tanto el acuerdo adoptado en su momento por el Consejo de Administración de Inalsa como el contrato firmado con la UTE son nulos de pleno derecho.
Según explicó el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, no se cumplió a rajatabla con la Ley 48 /98 relativa a los procedimientos de contratación del agua, la energía y las telecomunicaciones para las administraciones públicas.
Los juristas argumentan que el anuncio por el que se sacó a concurso el procedimiento de contratación de la obra se tenía que haber publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al superar el monto de 5 millones de euros, y no solamente, como se hizo, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Para adjudicar los contratos, subraya el informe, las entidades contratantes aplicarán los procedimientos regulados en la misma, “debiendo velar las entidades contratantes por que los suministradores, los contratistas o los prestadores de servicios no sean objeto de discriminación”.
El proceso de adjudicación de los contratos celebrados por las entidades contratantes que entren dentro del ámbito de aplicación de la citada Ley viene sometido a los principios de publicidad y concurrencia y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación.
En este sentido, María José Docal alegó que “ya le eché un vistazo a los 31 folios del informe y no esperaba que fuera de otra manera; ya veremos lo que dicen, aunque lo que está claro es que nosotros lo que queremos es que no se tengan que pagar esos 10 millones de euros; lo único es que puede haber un problema administrativo que lo que viene a decir es que no se publicó en el Boletín de la Unión Europea”.
La consejera del PIL aseguró mostrarse satisfecha con ese dictamen aunque denunció el hecho de haberse enterado de que las cosas no se están haciendo como se deben ya que
en un principio de conversaciones UTE-Inalsa, Mario Pérez delegó sus responsabilidades en esa reunión en un gerente, evitando personarse en la misma.
“Lo que le digo es que a nosotros nos parece perfecto que se trate de dictar eso, aunque no creo que se estén haciendo las cosas porque yo tengo noticias de que ahora de último se ha ido otra vez a hablar con la UTE y el consejero se ha quedado en su casa, ha mandado al gerente”, denunció en este sentido.
Por otro lado, Docal se manifestó en contra de la situación que se está viviendo en la Isla a causa de los constantes cortes de suministro de agua, teniendo que volver en muchísimos casos a contratar cubas por parte de las familias y empresas.
“Yo creo que en Inalsa se están haciendo las cosas desde hace tres años muy mal y la prueba está en que ahora lo que hacía años que en esta Isla ya no se daba era utilizar las cubas y se están utilizando porque no hay agua ni en la zona sur; se están llevando el agua con cubas y a lo único que nos dedicamos es a tratar de echar culpas no se sabe a quien”, concluyó la portavoz del PIL en el Cabildo.
