El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) ha criticado este lunes que el camping de San Juan permanezca cerrado un verano más. "Ante la llegada inminente del verano, desde el PIL vemos cómo otro año más, parte de la población de Lanzarote que decide disfrutar de sus vacaciones intentando acampar en nuestro litoral, se verá abocada a no poder contar con espacios tradicionales como “Mejía” en Caleta de Caballo o “San Juan” en Caleta de Famara, siendo en muchos casos acosados por las fuerzas de
seguridad del Estado Español como si fueran auténticos delincuentes o apestados", exponen los insularistas en nota de prensa.
Mientras tanto, lamentan los insularistas, el Gobierno Canario, "que no el “Gobierno de los canarios” sigue aplicando una normativa, a juicio del PIL, "a todas luces injusta y obsoleta por la cual no se permite la acampada en todo el litoral de costa de canarias, que no de los canarios, como si no tuviéramos poco con la normativa impuesta por el Gobierno de España por la cual no se puede ejercer actividad alguna en el deslinde marítimo terrestre (100m de la línea de mar hacia el interior)". Por ello, se preguntan "donde ha quedado aquella afirmación de Paulino Rivero, presidente canario, diciendo que las aguas que circundan a Canarias son aguas canarias y no españolas".
Por si fuera esto poco, alega el PIL, el “paupérrimo y fotogénico” grupo de gobierno del Ayuntamiento de Teguise (CC PSOE), con su alcalde a la cabeza, Oswaldo Betancort, "no tiene otra feliz ocurrencia, en veranos pasados, que desalojar o negar la posibilidad de acampar en las zonas tradicionales, sin que hasta la fecha y tras las reiteradas advertencias de los grupos de la oposición en los diferentes plenos municipales, se haya buscado alternativa alguna".
Ante esta situación de “pasotismo e ineficacia” mostrados por el alcalde de Teguise, el Partido de Independientes de Lanzarote, PIL, propondrá en el próximo pleno ordinario del mes de julio dos mociones encaminadas a solicitar lo siguiente:
1. Dirigirse al Gobierno de Canarias para que haga las gestiones oportunas ante el Gobierno de España encaminadas a conseguir que las competencias en costas pasen al Ejecutivo canario y que la titularidad de las aguas canarias sea “realmente” de los canarios.
2. Solicitar al Gobierno canario que anule el articulado de la ley donde se niega a los ciudadanos la posibilidad de acampar en la línea de costa y que se trasladen a los ayuntamientos las competencias para establecer y regular las zonas de acampada que estimen.
