jueves. 28.03.2024
PÉREZ RECUERDA QUE GUERRA FIRMÓ EL CONTRATO

El PIL asegura que llevará el contrato de Inalsa y Janubio ante la Fiscalía

La oposición volvió a abandonar el salón de plenos ante la ausencia de hasta diez consejeros del grupo de gobieno cuando se debatían las mociones. PP, PIL y AC denuncian el "secuestro del debate del territorio en el Cabildo y el teatro de la participación ciudadana". La oposición acusa al Gobierno insular de incluir al Cabildo en el Consorcio de la Casa África sin el respaldo de la Corporación

Mario Pérez le aclara al PIL que cuando dijo en la Convención insular de CC que algunos socios del equipo de gobierno realizaban "negocios urbanísticos" nunca se refería al PSC-PSOE

Los representantes de la oposición volvieron a abandonar este lunes el salón de plenos del Cabildo ante lo que consideraron una absoluta "falta de respeto" por parte del equipo de gobierno. De los 17 consejeros del Gobierno insular, a las tres horas de iniciarse la sesión y cuando se debatían las numerosas mociones de la oposición, sólo 7 miembros del equipo de gobierno estaban aún presentes.

El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y el Partido Popular (PP) exigieron durante la sesión ordinaria de este lunes en el Cabildo que el contrato de 2001, por el que Inalsa firmó un convemio para la construcción de la planta desaladora de Janubio, fuera trasladado a Fiscalía.

Insularistas y populares entienden que las comisiones de investigación recién creadas en el seno del Consejo de Administración de Inalsa y del propio Cabildo están compuestas, precisamente, por los mismos representantes públicos que hoy dirigen la empresa Insular de Aguas S.A. Por ello, consideran que estas indagaciones, tras el laudo de la Cámara de Las Palmas que condena a Inalsa a indemnizar a la UTE Edam Janubio con 10 millones de euros, no servirán absolutamente para nada.

Al respecto, el consejero de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M), Pedro Hernández, sugirió que presidieran las comisiones de investigación expertos académicos como Antonio Estevan, Federico Aguilar o Pedro Rojo, a quienes se les presupone rigor e independencia con el proceso de investigación.

Por el contrario, el grupo de gobierno rechazó la moción del PIL, respaldada por toda la oposición, en la que se pedía al actual consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, que pusiera a disposición de la Fiscalía el mencionado contrato entre Inalsa y Edam Janubio. Pérez invitó a la propia consejra insularista Plácida Guerra a que trasladara ella misma el contrato a Fiscalía. Según el actual responsable de Inalsa, ella es quien firmó la moción de su grupo político debatida este lunes y quien también, en su día, rubricó el polémico contrato con la UTE. El PIL, por su parte, advirtió al grupo de gobierno de que llevaría en los próximos días y por sus propios medios el documento ante Fiscalía.

Negociaciones urbanísticas

Por otra parte, ante la sugerencia del PIL a Mario Pérez, para que o bien aclarara qué socio del equipo de gobierno estaba realizando "negocios urbanísticos", o bien acudiera a Fiscalía para denunciarlo, el consejero y presidente insular de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote explicó que aquellas declaraciones no las realizó a ningún medio de comunicación sino que se pronunciaron en la Convención insular que CC organizó recientemente en Playa Blanca. Mario Pérez aclaró ante el Pleno que cuando dijo en aquel acto que algunos socios del equipo de gobierno realizaban "negocios urbanísticos" nunca se refería al PSC-PSOE.

Segunda levantada

Al igual que ya sucediera en la sesión plenaria del pasado 6 de abril, durante la que no se llegó a discutir el polémico convenio con la promotora Yudaya S.L., los miembros de la oposición se levantaron de sus sillones y, a las tres horas desde el inicio del pleno decidieron abandonar el salón denunciando la actitud del equipo de gobierno que, de sus 17 integrantes, llegó a contar sólo con 7 durante la defensa de las mociones presentadas por la oposición. El propio vicepresidente primero del Cabildo, Manuel Fajardo, advertía al término de la sesión de que comprendía perfectamente la protesta de los grupos de la oposición. "Había varias ausencias justificadas, pero desde luego no tengo que hacerle reproche alguno a la oposición", explicó.

Con la ausencia temporal de la propia presidenta, Inés Rojas, el propio Fajardo fue el que accedió a la aprobación de una de las peticiones más solicitadas desde la oposición: el Gobierno insular se comprometió a explicar el contenido íntegro, los pasos y el calendario restante del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT). En este sentido, el portavoz del PP, Francisco Cabrera, aseguró que "es muy grave el poco interés que a algunos miembros del equipo de gobierno le suscita que en los próximos años la Isla pueda pasar a contar con más de 26.000 nuevas camas".

Llegados a la propuesta de aprobación de una declaración institucional de apoyo al Plan Estratégico Integral de Participación Ciudadana de Lanzarote, la oposición volvió a insistir en los "reiterados incumplimientos" por parte del grupo de gobierno, que "para nada ha tenido en cuenta la participación ciudadana con ese plan al que se le destinan 300.000 euros". PP, PIL y AC denunciaron el "secuestro del debate del territorio en el Cabildo y el teatro de la participación ciudadana".

Informe definitivo sobre las incompatibilidades de Pedro Hernández

Por otra parte, el equipo de gobierno aprobó una petición del consejero de AC, Pedro Hernández, en la que éste solicitaba con una moción que el Cabildo elaborara un informe jurídico definitivo para aclarar la resolución judicial acerca de su recurso presentado sobre su supuesta incompatilidad entre el cargo público de consejero y el de profesor en la Escuela de Turismo.

Con el apoyo unánime del Pleno, el propio vicepresidente primero, Manuel Fajardo, aseguró que Pedro Hernández no tiene la obligación legal de devolver los ingresos adquiridos como profesor en Turismo, tal y como en principio sostenían los propios socialistas.

Los servicios jurídicos del Cabildo, por tanto, elaborarán un informe sobre dicha resolución judicial, que también se hará público. Para Pedro Hernández, los socialistas se han dedicado a un escarnio público contra su persona, y han empleado su supuesta incompatibilidad de cargos "para desviar la atención sobre la redacción del Plan Territorial Especial".

Cabe recordar que fue el 20 de junio de 2003 cuando el consejero de Alternativa Ciudadana presentó un escrito en el pleno del Cabildo donde decía que tomaba posesión al día siguiente, que era profesor de la Esuela de Turismo a tiempo parcial, que el centro depende del Cabildo y que se le concediera la compatibilidad para ejercer esta actividad. El grupo de gobierno de entonces llevó el asunto a pleno el 11 de julio y no le concedieron la compatibilidad. Entonces, Pedro Hernández presentó un recurso de reposición que desestimaron el 31 de octubre. Por esto el político acudió a la vía judicial y presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJC el 24 de noviembre de 2003. El Tribunal estimó medidas cautelares y suspendió el acuerdo del pleno del Cabildo, por lo que Pedro Hernández continuó dando clases hasta el 16 de marzo “cuando adopto la decisión de la excedencia forzosa porque no quería renunciar debido a que el Tribunal Superior de Justicia levantó las medidas cautelares”.

Casa África

La polémica durante la sesión ordinaria de este lunes surgió cuando el equipo de gobierno pidió el respaldo del Pleno al convenio de colaboración para la constitución del Consorcio Casa África. Según la oposición, el equipo de gobierno incumple el acuerdo plenario del pasado 9 de mayo, por el que el Gobierno insular se comprometía a llevar a la Comisión Informativa correspondiente todos y cada uno de lso asuntos que afectaran directamente a la Máxima Corporación insular, elevando la ratificación de cualquier decisión a Pleno.

Para Alternativa Ciudadana y Partido Popular, el que la presidenta del Cabildo plasmara con su firma hace unos días la inclusión de la institución lanzaroteña en el Consorcio supone "comprometer 200.000 euros anuales de las arcas públicas durante los próximos cuatro ejercicios".

En cambio, para Inés Rojas, incluso "más irresponsable" hubiera sido dejar al Cabildo insular fuera del Consorcio africano, al que se sumarán el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde estará su sede, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y, a petición de la Federación de cabildos insulares (FECAI), también los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura.

Sanidad y pacientes mentales

Dentro de los aspectos positivos de la sesión plenaria de este lunes, destacaron acuerdos que permitirán ciertos avances en la implantación definitiva de servicios de atención a los pacientes mentales. En este sentido, se acordó modificar la la ejecución del Plan Sectorial de Atención a la Discapacidad de Lanzarote para incluir una residencia para discapacitados por enfermedad mental y un centro de rehabilitación psicosocial, una medida que trata de satisfacer una demanda que se da en la Isla desde hace varios años.

Por otro lado, ante las sospechas por parte de la oposición de un posible intento de privatización de los servicios sociales para mayores, el Pleno acordó avalar a la empresa privada Residencias Atlántida para la concesión administrativa de obra pública y explotación de los centros de atención a personas mayores, de próxima apertura, en Haría y Tías. El grupo de gobierno explicó que dentro de la segunda fase de ejecución del Plan Sociosanitario de Mayores, hasta 2008 se van a sumar 33 nuevas plazas diurnas a la residencia de ancianos de Tías.

Otros convenios de colaboración aprobados fueron los del Cabildo con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote, para la gestión del centro de estancia diurna Las Cabreras, así como la addenda del transporte por parte de Cruz Roja de dichos enfermos hasta el servicio del Hospital Insular.

Sí al anteproyecto del circuito de velocidad

El equipo de gobierno rechazó, em cambio, la moción de Pedro Hernández en la que Alternativa Ciudadana solicitaba que los recursos técnicos del Cabildo no colaboraran con el proyecto de creación de un circuito automovilístico al norte de la Montaña Timbaiba, tal y como pretende en su municipio el alcalde de Tinajo, Jesús Machín.

Hernández denunció que se trata de unos terrenos adquiridos por el propio Machín, que la iniciativa no parte del Ayuntamiento pues no hay acuerdo plenario municipal en tal sentido, y que la modificación Número 1 del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) impide que los sistemas generales como éste y las infraestructuras de oferta de ocio se sitúen fuera de la periferia de los tres municipios turísticos de la Isla.

El consejero de Obras Públicas del Cabildo, Sergio Machín, entiende que la Primera Corporación está obligada a atender las demandas de los anteproyectos municipales, y por su parte, la presidenta esgrimió la necesidad de que los amantes del automovilismo y cualquier otro deporte en Lanzarote dispongan de unas instalaciones adecuadas.

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