Los tribunales de justicia le han dado la razón este jueves al sector oficial de Coalición Canaria (CC) al rechazar la solicitud presentada por un grupo de afiliados del sector de Inés Rojas para que se suspendiera el congreso insular que se celebra este fin de semana, según han adelantado este mediodía en Crónicas Radio representantes de la actual dirección del partido.
Estos representantes explicaron que se había comunicado por parte del juzgado a los procuradores la decisión de no atender la petición que habían hecho los afiliados, que pedían que se adoptara como medida cautelar la suspensión del congreso como consecuencia de que la dirección insular de CC no había contestado a las reclamaciones presentadas por lo sucedido en las asambleas de Arrecife y San Bartolomé. Este extremo ya fue aclarado este miércoles a este diario tanto por parte del presidente insular, Jesús Machín, como por parte del secretario de Organización, Marci Acuña, quienes afirmaron que nada tenía que ver un procedimiento con el otro, y que se contestaría sin ningún tipo de problema a lo que había sido una simple reclamación, y no una impugnación.
El caso es que con la decisión acordada por los tribunales de justicia seguirá adelante la celebración del polémico congreso insular, sin que se sepa qué va a hacer la candidatura de Inés Rojas, toda vez que parece haber mostrado su malestar por lo que entiende que ha sido un proceso viciado del que casi con total probabilidad saldrán perdedores.
Informe_juridico_de_la_direccion_insular_de_CC-.pdf
Informe jurídico del sector oficial
Al margen de la decisión de los tribunales, la actual dirección de Coalición había encargado un informe jurídico acerca de la elección de compromisarios en la asamblea de Arrecife, informe en el que se concluye que “la decisión de la Asamblea de Arrecife de optar por elegir a los compromisarios del V Congreso Insular de Lanzarote a través de un sistema mayoritario plurinominal de elección libre es una opción perfectamente válida conforme a lo dispuesto en las normas de organización de CC”.
En segundo lugar, el informe concluye que “en todo momento se ha respetado el derecho de los militantes a elegir y ser elegido o proponer y ser propuesto para cualquier cargo, nombramiento o designación en los órganos de CC, sin que se haya podido lesionar el artículo 23 de la CE”.
