El Juzgado de lo Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto a los periodistas Francisco Javier Chavanel y Carlos Sosa de un delito de calmunias del que eran acusados por el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por las noticias difundidas en 2006 sobre la estancia gratuita del también líder del PP canario, entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, en un chalé propiedad del empresario Javier Esquivel, vinculado al negocio de la potencia eólica. La resolución condena en costas al 'número dos' del Ejecutivo regional.
El juez, que llega a elogiar la "cabal diligencia" de Carlos Sosa, director del periódico digital canariasahora.es, considera "irregular" aquel acuerdo de arrendamiento a tenor de las declaraciones de los propios afectados. "La situación que nos describen los testigos no se corresponde con lo que es habitual en el tráfico jurídico arrendaticio, máxime cuando la arrendadora es una mercantil [...], porque, sea lo corriente que el arrendatario, por ende el presidente del Cabildo, confeccione el contrato a su arrendador [...], que la apoderada de la mercantil extienda unos recibos como si tratase de una relación entre particulares, sin sello de la sociedad ni numeración".
La resolución se detiene en la fórmula empleada para el pago de recibos, según la versión de Soria: su esposa, María del Carmen Benítez, abonaba el alquiler mensual del chalé en metálico y contra recibos. El juez llama la atención en que esos ingresos "no se contabilicen cuando se perciben mediante el oportuno asiento, contabilizándose en un único asiento por el total en la cuenta cliente" de la mujer del líder del PP "con cargo a la cuenta de socios", esto justificado por Javier Esquivel "a través de una historia pintoresca de uso de las cantidades percibidas para gastos diarios propios de la apoderada de la sociedad".
En este sentido, el magistrado subraya que Sosa "acudió a los medios ordinarios y lógicos, es decir, ante un arrendamiento donde una de las partes es una mercantil contrastó los datos en el lugar donde había que hacerlo, en el Registro Mercantil", donde obtuvo el dato de que no existían asientos contables en la sociedad Atlantic Buildings, empleada por Esquivel para esta clase de acuerdos comerciales.
Así, según el juez, es "del todo punto imposible que [Sosa] pudiera conocer el trasunto del arrendamiento, que fue articulado por las partes de modo tan irregular; a pesar de que los testigos, especialmente el señor Soria y el señor. Esquivel insistieran, con especial vehemencia, el primero incluso con sarcasmo, a cuenta de la fianza, de que todo se hizo conforme a lo pactado".
En el mismo apartado, la resolución reproduce las afirmaciones de la defensa de Sosa y Chavanel, en el sentido de que "cuando de un alto cargo de la Administración se trata, nada menos que presidente del Cabildo, presidente de uno de los dos partidos mayoritarios y miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, la relación arrendaticia, más que en ningún caso, no debiera haberse desplazado un ápice del régimen que por la mercantil Atlantic Buildings, SL, se dispensó al resto de arrendatarios, como figura en los libros mayores".
La resolución judicial concluye que "la explicación que de dicha relación arrendaticia han dado los testigos, en modo alguno desdicen la cabal diligencia del señor Sosa a la hora de contratar los datos que le habían facilitado, y en virtud de los cuales propagó la noticia en un medio digital y en la radio [a través del programa de Chavanel 'El espejo canario', de Canarias Ahora Radio], partiendo de los hechos que hemos descrito con anterioridad, y que lejos de consistir en mera y vacua rumorología, han venido corroborados por la documental obrante en los autos y aportada en el acto del juicio, así como de las testificales practicadas".
