El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha afirmado este martes que "el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) figurará en la reforma del Estatuto de Autonomía" al tiempo que ha aclarado que si bien se comenzará la tramitación de modificación en esta legislatura serán los grupos parlamentarios o el Ejecutivo quien decida el momento oportuno para ello.
Hernández Spínola ha explicado durante la comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico que la modificación llegará gracias al diálogo fluido y añadió que ésta incluirá también variaciones del sistema electoral. "Es importante que Canarias tenga un marco comparable a otras comunidades", afirmó para plantear que se escuchará a las organizaciones sociales.
Asimismo el consejero solicitó a los grupos parlamentarios la máxima colaboración para llevar a cabo la "imprescindible" reorganización administrativa. Citó como sus principales retos la revisión de la distribución de competencias y el impulso al proceso de modernización y racionalización de la administración pública. "Se impone la austeridad", afirmó.
De igual forma subrayó que es necesario un "pacto transversal" entre todas las administraciones. También apostó por aprobar una nueva ley de Presidencia. Añadió la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. "El éxito depende de la implicación de todos", aseguró.
"Canarias planteará en la Conferencia Sectorial de Justicia, asumir personal no judicial", anunció Hernández Spínola quien aseguró que su primera prioridad en esta materia será "culminar los palacios de justicia de Las Palmas y La Laguna en 2012; y a principios de 2013 espero se produzcan los cambios del personal". "Ello supondrá un ahorro importantísimo en alquileres", zanjó.
Con respecto al palacio en Santa Cruz de Tenerife, admitió que estudia aumentar dos o tres plantas el actual edificio de Tres de Mayo. Descartó por su gasto una nueva infraestructura. "La decisión última no está tomada", señaló. Además explicó que cuando sepa el presupuesto informará sobre los nuevos juzgados en Puerto del Rosario, Granadilla o La Orotava.
Por su parte, el diputado del PP, Emilio Moreno, planteó que la fragmentación insular ha influido en la gestión de las competencias administrativas. Pese a la crisis demandó un mayor esfuerzo y criticó que no se vaya a conseguir el anunciado plan de infraestructuras judiciales. Aquí reclamó no sólo que se culminen las obras, sino que se doten adecuadamente.
Moreno expuso que una de las dificultades "más apremiantes" es la de atender el déficit de funcionarios. Demandó la oferta de más plazas. Añadió que se potencie la formación y que los interinos reciban una formación "adecuada y precisa". Así las cosas ha admitido que el consejero en sus objetivos no le ha convencido. "Se mantiene la cúpula de la Consejería", criticó para añadir que se había anunciado un recorte.
El popular apostó por adaptar la Autonomía a la realidad. Afirmó que la administración ha crecido más allá de lo que podemos pagar. Expuso que la crisis permitirá que haya reformas como evitar duplicidades de gasto. Moreno exigió que se acabe con que unas administraciones ejerzan competencias sin tenerla. Propuso la eliminación de la Viceconsejería de Justicia, planteamiento que el consejero tildó de "error".
La diputada del grupo nacionalista canario, Marisa Zamora (CC), ha afirmado que con la actual crisis económica ha habido un recorte de 1.500 millones de euros y por ello promovió la "optimización de recursos". Además exigió terminar con la "maraña administrativa". Aquí ha admitido que la sociedad tiene una imagen negativa del funcionario o la administración y por ello se mostró partidaria de emprender un proceso de modernización.
Zamora coincidió en lamentar la lentitud de la justicia. Además unió las altas tasas de interinidad existentes en las plantillas. Consideró además que existe una buena ley contra la violencia de género. "Hay que seguir con la sensibilización", defendió. Asimismo insistió la parlamentaria en que la reforma estatutaria tiene que hacerse en el Parlamento y pidió que no sea una modificación "exprés". Solicitó el consenso de todos los grupos.
El diputado del PSC-PSOE, Manuel Fajardo Palarea, solicitó una administración "austera" y afirmó que reclamará un nuevo Estatuto para Canarias. Recordó el acuerdo de 2007 que reconocía a Canarias como archipiélago. "Nos tenemos que enganchar a los estatutos de nueva generación", apostilló.
De igual forma, se mostró partidario de la rebaja de las barreras electorales y que se revisen determinados parámetros para adaptar los factores poblacional y territorial a la realidad social sin dejar de contemplar el hecho insular. "Queremos un Estatuto que implique más Canarias, pero no menos España", zanjó.
Fajardo Palarea se mostró de acuerdo con la nueva ley de función pública. Añadió la reducción de los procedimientos administrativos. Instó además que Canarias gestione al personal no judicial y que se impulse un nuevo plan de infraestructuras judiciales "reconociendo las dificultades que tenemos".
Calidad democrática
El diputado del Grupo Mixto, Román Rodríguez (NC), afirmó que "si algo precisa esta comunidad por la quiebra de la calidad democrática es la necesidad de reformar el sistema electoral". "Tenemos que dar un paso adelante porque es una de las cuestiones que la sociedad percibe como una necesidad", continuó.
Rodríguez insistió en que la modificación del sistema electoral es esencial bien sea por una ley propia o por el cambio del Estatuto de Autonomía. Expuso que hay que disminuir las barreras y adaptar mejor la distribución de diputados a la población. Lamentó aquí que el partido que tiene más posibilidades de gobernar en España no tenga en su agenda ampliar el autogobierno de las comunidades.
El nacionalista sostuvo que es muy relevante en cualquier economía mantener lo público. Por ello apostó por una descentralización "precisa". Indicó que hace falta "valentía" para que en determinados procedimientos sólo participe una administración y no tres como ocurre actualmente. "Hay que potenciar los gobiernos insulares", concluyó.
Rodríguez por último se quejó de la actual lentitud de la Justicia y tildó de acierto que la Igualdad se trate de una forma horizontal. "Nuestro REF está sin protección. Está en una ley estatal, pero nunca ha sido cumplido", dijo para afirmar que el único camino que queda es incorporarlo al cuerpo del Estatuto. "Habrá que hacer un esfuerzo para blindar el REF en la reforma estatuaria".
