El Gobierno de Canarias ha creado un equipo de trabajo específico, formado por 18 efectivos, para la lucha contra el fraude fiscal. Estos trabajadores públicos tendrán como principal tarea visitar locales en los que se desarrolla actividad económica (empresarial o profesional). En estas visitas, requerirán la aportación de documentación que acredite que estos negocios están dados de alta como sujetos pasivos en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y otras figuras tributarias propias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Concretamente, y de acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno autonómico, se trata de 18 administrativos y auxiliares administrativos, trasladados de forma provisional para los meses de mayo y junio desde sus centros directivos a la Dirección General de Tributos. La actuación está integrada en el Plan de Control del Fraude Fiscal, que ha puesto en marcha recientemente la Consejería de Economía y Hacienda y Seguridad. La campaña podrá prolongarse dependiendo de la evaluación que se haga de los resultados obtenidos en mayo y junio.
El equipo de trabajo se ha creado gracias a la aportación de dos efectivos por cada uno de los departamentos que forman el Gobierno de Canarias. La medida es fruto de la aplicación de los acuerdos de Gobierno para la racionalización y distribución de efectivos y puestos de trabajo, impulsada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. La actuación tiene por objetivo a corto plazo localizar personal con cargas de trabajo menos intensas para reubicarlos en lugares o servicios públicos prioritarios en la actual coyuntura y que se encuentran infradotados. Concretamente en el caso que nos ocupa, se reasigna a 18 personas para la prevención del fraude fiscal que realiza la Dirección General de Tributos del Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias intensifica así las labores de localización y lucha contra el fraude fiscal, con el objetivo de evitar comportamientos insolidarios, en los que se eludan obligaciones tributarias, en un momento de importantes restricciones presupuestarias generales que están afectando a la prestación de servicios públicos básicos.
