AGENCIAS
Fernando Moraleda explica la operación.
El Gobierno ha confirmado que hay 350.000 afectados en la operación judicial realizada este martes en las sedes de las sociedades de bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa. Se trata de una "estafa masiva", dijo Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación, que tuvo lugar entre los años 1998 y 2001.
Sin embargo, el supuesto delito pasó desapercibido hasta que una inspección tributaria lo detectó en el año 2003. En ese momento, y al considerar que había materia delictiva, la Agencia Tributaria trasladó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que ha investigado la trama hasta la operación de ayer.
Las actuaciones se han saldado con nueve detenidos y el registro de compañías y domicilios de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Valladolid y Vigo (Pontevedra), informó la Dirección General de la Policía.
En una vivienda de la Moraleja que pertenece al socio de una empresa afiliada a Afinsa se encontraron 10 millones de euros en metálico ocultos en dos zulos.
Moraleda explicó que los implicados podrían haber incurrido en los delitos de "estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y administración desleal".
Moraleda admitió también que los afectados no están cubiertos ni por el fondo de garantía del Estado ni por el fondo de garantía de inversiones.
Las compañías que invierten en bienes tangibles no tienen una regulación específica, aunque la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva les dedica una disposición adicional en la que, incluso, les prohíbe utilizar en su denominación o publicidad los términos "financiero" o "colectivo". Las competencias sobre la inversión en estos bienes recaen en el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Diversas asociaciones de consumidores han criticado la laxitud de la Administración a este respecto. Hoy, la directora general de Consumo, María Angeles Heras, afirmó que se está trabajando en la modificación de la ley. Estos casos, dijo, "harán recapacitar" para que la Ley de Inversiones Colectivas, que cede el control de las sociedades de bienes tangibles a las autoridades de Consumo, ya que no se consideran productos financieros, quede "más clarificada".
En cualquier caso, el secretario de Estado de Comunicación precisó que la supervisión de Afinsa y Fórum Filatélico corresponde a las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de consumo, "con lo que no parece que estemos ante un asunto de responsabilidad del Estado central".
"Operación Atrio"
Un afectado se dirige a los policías en la sede del Fórum de Madrid.
Las actuaciones, que han recibido el nombre de 'operación Atrio', responden a una querella de la Fiscalía Anticorrupción -tras una denuncia previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)- por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
La supuesta estafa, de carácter 'piramidal', supone la utilización de las inversiones más recientes para pagar supuestos intereses a los inversores más antiguos, sin llegar realmente a realizar las operaciones ofertadas.
El sistema consistía en captar pequeños ahorradores que invertían en sellos con la promesa de un interés de un 6% anual y de que sus productos se revalorizarían.
Los inversores nunca veían los sellos, sino que se limitaban a depositar las cantidades en esas entidades, explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, que aseguraron que si los clientes exigieran la devolución de sus inversiones supondría la quiebra de las empresas ya que nunca podrían devolver el dinero.
Fuentes próximas a la investigación indicaron que entre los detenidos figura el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, y tres directivos más: Miguel Angel Hijón Santos, Agustín Fernández Rodríguez y Juan Macía Mercade.
En cuanto a Afinsa, los detenidos son cinco: Albertino de Figueiredo (presidente honorífico), Juan Antonio Cano (presidente), Carlos de Figueiredo Escriba (vicepresidente), Francisco Guijarro Lázaro y Vicente Martín Peña.
Fuentes de la Audiencia Nacional informaron de que el proceso habitual en este tipo de operaciones es el bloqueo de las cuentas bancarias de las dos entidades y la designación de un administrador judicial para gestionarlas.
La operación policial ha sido dirigida por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aunque en la misma han participado hasta 300 agentes.
