El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el vicepresidente del Ejecutivo regional, José Miguel Pérez, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, acompañados por representantes de distintas entidades sociales de Canarias, han hecho en la mañana de este jueves en la sede de la presidencia del Gobierno en Las Palmas un llamamiento a la sociedad canaria para que se involucre de forma individual y colectiva en la presentación de alegaciones contra el proyecto petrolero de Repsol.
Este llamamiento público, según explica el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa, ha estado respaldado por representantes de distintas entidades, como la Plataforma por un nuevo modelo energético, Ben Magec-Ecologistas en Acción, el sindicato Comisiones Obreras, los grupos políticos Izquierda Unida Canaria, EQUO, Los verdes de Canarias, la Coordinadora de colectivos anti-petroleras, que se suman a los decisivos apoyos recibidos en los últimos meses por parte de las más importantes organizaciones profesionales e independientes del mundo en materia de defensa ambiental, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), GREENPEACE, Amigos de la Tierra, y SEO/BIrdlife.
Los máximos representantes públicos expresaron que el proyecto petrolífero promovido por Repsol, con el apoyo incondicional del Gobierno de España, representa “uno de los más graves atentados de la historia contemporánea de Canarias, contra nuestro contexto democrático, socioeconómico, territorial y medioambiental”.
Para el Gobierno de Canarias y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el futuro de Canarias está condicionado por este proyecto por los siguientes motivos:
1.- Representa una amenaza ambiental irrefutable para todo el archipiélago. Es imprescindible que la toda la población canaria se involucre para decir NO a esta imposición del Gobierno de Madrid y de REPSOL.
2.- REPSOL afirma que ha tenido trabajando durante 11 meses a más de 100 técnicos sobre este EIA, pero la realidad es que la probabilidad de derrames en las perforaciones y futuras explotaciones es muy elevada. La probabilidad de que una marea negra alcance cualquier isla de Canarias es también alta, tal y como se refleja e informes científicos desarrollados por expertos canarios tras la realización de diversas campañas oceanográficas en los últimos años.
3.- Un derrame de crudo frente a Lanzarote o Fuerteventura sería noticia internacional y afectaría a la imagen global de todo el archipiélago. La noticia reflejaría un derrame de crudo en la región, es decir, en Canarias, y tendría consecuencias nefastas para la economía canaria.
4.- El Gobierno español continúa despreciando a Canarias de forma intolerable. Además de haber aprobado el Real Decreto el 16 de marzo de 2012 sin respetar las consideraciones de las instituciones soberanas de Canarias (Parlamento, cabildos, ayuntamientos), ahora se evidencian nuevas muestras de su inaceptable comportamiento con los principios democráticos de la población canaria:
4.1.- El Subsecretario de Industria del Ministerio español, Enrique Hernández Bento, afirmó el pasado mes de julio que el EIA saldría a exposición pública a la vuelta del verano, y sin embargo el BOE lo anuncia el 31 de julio, quince días después. ¿cómo es posible que este alto cargo desconociera que ya estaba en trámite de publicación, dentro de su propio ministerio?
4.2.- Por qué el Ministerio de Industria publica un documento de 4.000 páginas, con la inmensa trascendencia que entraña este proyecto, en pleno mes de agosto, el día uno, para responder en 45 días?
4.3.- Se obliga a la ciudadanía a presentar por triplicado las alegaciones, ¿facilidad u obstáculo?
5.- Alegaciones, dos tipos
5.1.- Alegación sintetizada, de dos hojas, distribuida ya a la ciudadanía para que las adopten como suyas. El 24 de septiembre termina el plazo para la ciudadanía. Se puede acceder a este documento en el link: http://goo.gl/rKdcEQ
5.2.- Alegación principal, (desarrollada). De forma paralela al primer documento de alegaciones, se continúa trabajando en el texto principal redactado por un equipo de especialistas en diversas disciplinas que se prevé esté concluido a finales del mes de septiembre o principios de octubre. Tanto el Cabildo de Lanzarote como el Gobierno de Canarias han remitido al Ministerio de Industria una ampliación del plazo que debería comenzar desde cero y a partir de que el Ministerio subsane la documentación que falta en el EIA (ver punto 7, “Documentación complementaria”).
5.3.- Los bloques temáticos que actualmente se desarrollan por el equipo multidisciplinar son: economía aplicada e impacto sobre economías locales; geofísica y riesgos sísmicos; cetáceos; dinámicas oceánicas y riesgos potenciales sobre todas las islas; pesquerías artesanales; Espacios Naturales Protegidos; desalación y riesgos sobre el suministro de agua potable, entre otros.
6.- Pesquerías artesanales:
Secuencia de un posicionamiento incorrecto y tendencioso:
6 de marzo de 2013: El Ministerio Medio Ambiente se dirige a la Federación de Cofradías de Las Palmas enviando a ésta el Proyecto y pidiendo que reporte sobre el “grado de afección posible sobre la actividad pesquera del proyecto petrolífero en Canarias”.
8 de abril de 2013: Ante la falta de respuesta, el citado Ministerio requiere de nuevo a la Federación Provincial de Las Palmas.
13 abril de 2013: La Federación provincial de Las Palmas pide una prórroga para tener más tiempo y emitir el informe que el Ministerio solicita.
8 de mayo de 2013: La citada Federación envía el “informe” (un párrafo de tres líneas y media) que no responde en absoluto a la temática planteada por el Ministerio. El informe dice que “las cofradías de la provincia de Las Palmas da el visto a las perforaciones”.
20 de mayo de 2013: se celebra en la Cofradía de San Ginés de Arrecife una conferencia monográfica con distintos representantes del sector pesquero de la isla, tras convocarles para explicar con precisión los argumentos de quiénes se oponen al proyecto petrolífero.
Agosto de 2013: en el marco de la redacción de alegaciones al EIA, la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote contacta con todas y cada una de las cofradías de las dos provincias de Canarias para solicitar su posicionamiento sobre este tema. Resultado de estas gestiones, se recopilan 14 escritos que corresponden a:
El 100% de las cofradías de todas las islas de la provincia de Tenerife rechazan las prospecciones petrolíferas.
El 100% de las cuatro cofradías de Lanzarote, y el 100% de las tres cofradías de Fuerteventura se desmarcan de la posición anunciada el pasado mes de mayo por la Federación Provincial de las Palmas en este asunto.
El 100% de la flota atunera artesanal canaria (Islatuna en Tenerife y Optuna42 en Lanzarote) se oponen al proyecto petrolero.
En conclusión, más del 90% del sector pesquero artesanal de Canarias rechaza frontalmente el proyecto petrolífero de Repsol.
7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Deficiencias de detectadas.
El procedimiento de evaluación de impacto es preceptivo, pero también previo y preventivo a cualquier tipo de autorización, ya que su objetivo es detectar los potenciales impactos significativos (es decir, riesgos potenciales) que las distintas acciones de un determinado proyecto (y no otro) pueden ocasionar sobre el medio.
Hay que recordar que todo procedimiento de evaluación tiene por finalidad última, poner en conocimiento y al servicio de la ciudadanía y del órgano competente que debe tomar la decisión sobre el proyecto, la información necesaria. Para conseguir esto, además de consultas e información pública, es preciso realizar un trabajo técnico adecuado, donde, como tal, no caben ni las especulaciones, ni las suposiciones y mucho menos las indefiniciones o incertidumbres.
La evaluación se tiene que realizar sobre ese proyecto concreto. En ningún caso ese proyecto puede sustituirse por opiniones que no tengan una prueba técnica que las avale.
Con la documentación presentada se puede conocer perfectamente el medio ambiente canario a escala del archipiélago, pero no qué elementos ambientales nos encontraremos potencialmente afectados por cada una de las acciones del supuesto proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental termina por confundir “aspectos medioambientales” con “actuaciones del proyecto”, eso sí, con una descripción muy superficial estas últimas.
La valoración ambiental debe realizarse con rigor científico y técnico, cuantificando lo cuantificable y cualificando lo que no. En relación con esto debemos señalar que el Estudio de Impacto Ambiental descarta los potenciales impactos por medio de “conclusiones” que no justifica de ningún modo: todo se reduce a que por un motivo u otro (no por razones), se descarta que pueda haber algún impacto.
Cuando la empresa Repsol expone que “el Estudio de Impacto Ambiental de los sondeos exploratorios es un documento de máximos que cumple con toda la legislación al respecto e incorpora las mejores prácticas en trabajos similares, tanto a nivel autonómico como estatal e internacional”, podemos definir el Estudio de Impacto Ambiental presentado como una guía de evaluación de prospecciones petrolíferas, pero nunca podría considerarse un estudio de impacto que permita detectar y corregir 'a priori' los potenciales riesgos de la actividad.
Cuando el promotor categóricamente explicita que “es totalmente falso que la documentación remitida carezca de un proyecto técnico…”, entendiendo que los informes de implantación de los sondeos “(…) son los documentos técnicos que se han sometido a la aprobación del Ministerio de Industria”, cabe recordarle al promotor que proyecto técnico es “todo documento técnico que define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la localización, la realización de planes y programas, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables…”. (Anexo I del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental). En este sentido, queda claro que, además de las numerosas ausencias e incertidumbres sobre la ejecución del proyecto que el propio evaluador reconoce, los informes de implantación, siendo parte del proyecto, no son el proyecto técnico en sí mismo, al carecer de la mayor parte del conjunto de actividades e intervenciones que se pretenden.
Según el promotor, “en este sentido, sería bueno recordar que tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y gran parte de los municipios de ambas Islas fueron consultados y no respondieron”. Esta afirmación carece de la misma rigurosidad y exactitud que el Estudio de Impacto Ambiental, ya que como se puede constatar por el expediente de consultas previas, a él respondieron los dos Cabildos, el Gobierno de Canarias y todos los ayuntamientos consultados por el órgano ambiental actuante, página 672 y 673 del Capítulo VI de Respuestas Consultas Previas. El Gobierno de Canarias instó al órgano ambiental actuante, entendiendo que la fase de consultas debe ser amplia y participativa, a ampliar las consultas a otras entidades y administraciones afectadas por el proyecto (otros ayuntamientos y entidades), y éste no lo consideró oportuno.
Por otro lado, “Repsol atribuye a la desesperación del Gobierno de Canarias que hoy haya denunciado que “el Estudio no refleja la titulación ni el DNI de los firmantes del mismo, tal y como exige la ley”. Esa información se puede consultar en el Volumen I, Sección 2, Apartado 2.3 del Estudio de Impacto Ambiental, en concreto en la página 21 del Volumen I”.
En dicha tabla se relaciona el “Equipo participante principal” no como responsables de la evaluación, no apareciendo la firma de ninguno, no obstante el Estudio de Impacto Ambiental lo firman, en nombre de Alenta Medio Ambiente, S.L. dos personas que no aportan en su firma su DNI ni su titulación. Por otra parte, las únicas firmas que hay en el documento o están fotocopiadas o escaneadas, por lo que carecen de valor administrativo para su tramitación.
El promotor alega que “no es que falten anexos; simplemente es que las secciones correspondientes del Estudio de Impacto Ambiental no los requieren”. Precisamente, que el Estudio carezca de los anexos 1, 2, 5, 6 y 11, porque según el promotor el “…no los requiere…”, es una prueba irrefutable de que el proyecto no está completo y la participación pública no es correcta.
Por otro lado, sigue sin constar en la documentación remitida:
El Plan de Respuesta para Episodios de Descontrol de Pozo.
Los vídeos de exploración del fondo marino de los sondeos Plátano-0, Cebolla-1 y Naranja-1.
El Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, que aunque es el anexo 18.2 es un documento preliminar, por lo tanto, no definitivo.
Se citan y no se anexan los siguientes informes:
Informe de apoyo técnico en consultas previas sobre el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto “sondeos exploratorios marinos en Canarias”, de 2013 de CEDEX;
Estudio de Impacto Ambiental de la campaña de sísmica en una zona aguas adentro frente a la costa de Canarias, 2002;
Documento de análisis ambiental para los sondeos de canarias, 2004;
Modelización de vertidos y ripios y eventuales derrames de hidrocarburo en alta mar al este de las Islas Canarias, 2004;
Informe técnico sobre caracterización general del entorno de actuación de Repsol en aguas canarias, 2012 y 2013, de BIOGES.
En definitiva, Repsol no da cumplida respuesta a ninguna de las deficiencias ni omisiones denunciadas.
A la vista de todo lo anterior, el Gobierno de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se reafirman en que “existen numerosas deficiencias y omisiones que impiden realizar alegaciones que puedan conducir a una evaluación ambiental mínimamente real y coherente de las prospecciones, y por tanto reiteramos la necesidad de que se subsanen las deficiencias en los términos señalados, al objeto de poder dar respuesta a la consulta formulada las Administraciones Canarias y al trámite de información pública. Igualmente, y hasta tanto se reciba la documentación solicitada, es imprescindible que se proceda a la suspensión del plazo otorgado para ello ya que, de otra manera, se estaría incumpliendo la legalidad vigente viciando de nulidad todo el procedimiento administrativo”.
