sábado. 20.04.2024
Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico coinciden con los del Cabildo de Lanzarote al señalar que el Plan Especial de La Geria sí tiene capacidad para establecer equipamientos estructurantes, es decir, bodegas

El Gobierno de Canarias rebate "de principio a fin" el informe del ex director de la Oficina del PIOL sobre el Plan Especial de La Geria

El Cabildo ha trasladado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote el informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias

INFORME_GOBCAN_SOBRE_PEPP_LA_GERIA.pdf

El Gobierno de Canarias ha remitido al Cabildo de Lanzarote un informe elaborado por sus servicios jurídicos que rebate de principio a fin tanto el informe del ex director de la Oficina del Plan Insular como el de la técnico del área, en los que afirmaban -entre otras cuestiones, como por ejemplo “los múltiples vicios de nulidad” del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria- que “el Plan Especial carece de habilitación legal para implantar los equipamientos estructurantes (bodegas) y, por ende, su ordenación pormenorizada”, dada la supuesta prevalencia del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) de 1991 sobre el Plan Especial.

Tal y como adelantó este jueves en el programa 'Entre Barrios' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote el propio presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y tal y como refrenda este viernes la Primera Corporación insular en nota de prensa, en dicho informe del Gobierno de Canarias, que el Cabildo ha trasladado a su vez al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, se señala la plena legalidad del Plan Especial de La Geria, su capacidad para implantar equipamientos estructurantes y su prevalencia sobre el PIOL de 1991, dado que en absoluto lo contraviene como apuntan los informes de estos dos técnicos, entre otras cosas porque el vigente Plan Insular no ordena recursos naturales.

Concretamente, y en el análisis que realiza el Gobierno de Canarias sobre la relación del PIOL con el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria afirma lo siguiente: “Dado que el PIOL-91 carece de contenido ordenador de recursos naturales, y con independencia de que no hay prohibición expresa en tal sentido, resulta claro que el marco aplicable al Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria le habilitaba para, como hace, regular la implantación de bodegas en el área ordenada”.

Como se recordará, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, remitió en su día un oficio al Juzgado en el que se incluía el informe pericial elaborado por la técnico en cuestión, en el marco del proceso penal en el que se encuentra inmersa una bodega de la isla, y que al margen de las consideraciones sobre la bodega en cuestión, básicamente cuestionaba la legalidad del Plan Especial de La Geria y su capacidad para establecer equipamientos estructurantes en la zona, es decir, bodegas.

En el oficio remitido al Juzgado, San Ginés advertía que lo reflejado en dicho informe no coincidía con el parecer de los servicios jurídicos del Cabildo. No en vano, en dos informes, uno de ellos elaborado por el director insular de Ordenación del Territorio y el otro por una jurista del Plan Insular, suscrito además por la jefa accidental de los servicios jurídicos de la Corporación, se coincide en señalar la plena legalidad del Plan Especial de La Geria y su capacidad para establecer dichos equipamientos.

Cabe recordar que con posterioridad a la emisión de los citados informes, recientemente y en el marco de un proceso judicial contra otra bodega distinta, concretamente el pasado 14 de septiembre, el ya entonces ex director de la Oficina del Plan Insular elaboró un segundo informe en el que no sólo sostiene las tesis anteriores sino que llega a afirmar la incompatibilidad de la conservación de La Geria con la existencia de bodegas industriales en este espacio.

En cualquier caso, y en definitiva, el informe emitido por el Gobierno de Canarias, que no debe olvidarse es el autor y promotor del Plan Especial de La Geria, viene a reafirmar la plena legalidad, vigencia y capacidad de este Plan para todo cuanto en él se regula y, por supuesto, la competencia de la Consejería de Política Territorial -también cuestionada por los informes de los citados técnicos- para su tramitación.

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