La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias seguirá reclamando que el Estado aumente la financiación para el Convenio de Carreteras, después de que la Ministra de Fomento confirmase ayer que sólo destinará 54 millones a financiar el Convenio de Carreteras Canarias-Estado en este año 2014, frente a los 225 que estaban comprometidos en ese documento. Así lo asegura el Gobierno autónomo de Canarias este martes en nota de prensa remitida a este diario.
El consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, recordó que en las Islas no existen carreteras de interés general del Estado, porque no hay vías que comuniquen dos comunidades autónomas, por lo que las competencias en su construcción pertenecen al Gobierno de Canarias, como vías de interés de la Comunidad Autónoma. "Pero lo que hay que añadir a continuación" ¿señaló Berriel- "es que la financiación de esas obras sí que corresponde al Estado, según el marco normativo y los acuerdos alcanzados".
Así, el consejero señaló que hay dos fundamentos que determinan la obligación del Estado de financiar las carreteras de interés general de nuestra Comunidad Autónoma. En primer lugar, razones de índole legal y normativas. El propio Convenio, firmado en el año 2006, basa el compromiso estatal textualmente en: la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que, en su artículo 95, establece que se considerarán de interés general, a efectos de su inclusión en los créditos correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras, las obras de infraestructura que conecten los principales núcleos urbanos de Canarias. Asimismo, en su artículo 96, establece que las inversiones estatales no serían inferiores al promedio que correspondiese para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular.
En consecuencia, esta obligación económica en materia de carreteras se integra en el bloque de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y es como continuación de estas disposiciones, como se llega a la firma del vigente Convenio de Carreteras que se convierte así en el segundo fundamento para reclamar el pago de los fondos al Estado, por su carácter contractual. Abundando en este extremo, el titular autonómico de Obras Públicas explicó que el Convenio de Carreteras Canarias-Estado tiene la validez de un contrato y que el Ministerio no puede romperlo, ni modificarlo unilateralmente, "como ha venido haciendo en los últimos tres años".
Por este motivo, Berriel instó a los responsables estatales del área a sentarse a negociar los plazos para que el Estado cumpla su obligación contractual, "con unas dotaciones anuales, que permitan mantener un ritmo de obra adecuado en todas las carreteras del Convenio".
En este sentido, el consejero explicó también recientemente que las arcas de la Comunidad Autónoma no pueden seguir soportando la carga que supone asumir los impagos estatales. En el año 2012, debían haber llegado del Gobierno Central 207 millones de euros, según lo firmado, y sólo se recibieron 68,54; en 2013 la diferencia fue aún mayor, con 54,19 recibidos, frente a los 207 que se esperaban; y ayer, la Ministra anunció que se constata la previsión de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y que sólo llegarán 54,19 millones de los 225 que correspondían a esta anualidad.
En total, de 639 millones de euros firmados, el Gobierno Central sólo habrá enviado 177 a finales de este año, por lo que Berriel vuelve a instar al Ministerio a reconducir la situación y a aportar al menos las partidas suficientes cada año como para poder mantener un adecuado ritmo de trabajo en las cerca de 20 obras que están en marcha, con cargo al Convenio.
El consejero explicó que en este tiempo, el Gobierno de Canarias se ha tenido que hacer cargo de más de 300 millones de euros que no le correspondía asumir, por la finalización de obras construidas por el método de pago total al final de los trabajos. "Por lo tanto, queda poca capacidad de seguir asumiendo el sobreesfuerzo que supone el incumplimiento continuado del contrato"-continuó Berriel.
Ante esta situación, el consejero insiste en que Canarias entiende el momento de crisis y de escasez presupuestaria que se está atravesando, "pero el Estado también debe entender que las obras del Convenio son obras en marcha y no obras que estuviesen planificadas a futuro, por lo que hemos solicitado que Carreteras medie ante Hacienda, para lograr una mejora en la financiación del Convenio".
El plazo de finalización del mismo estaba fijado en 2017, pero la escasez de fondos parece abocar a un deslizamiento en el tiempo del compromiso de pago. En este sentido, el consejero insistió en que "estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero con una aportación mínima de entre 100 y 150 millones de euros por anualidad, porque las partidas propuestas por el Estado hasta ahora, de entre 50 y 60 millones de euros, son claramente insuficientes".
Por último, el consejero aclaró que, "no será necesaria mediación alguna para que la carretera entre El Risco y La Aldea aumente de ritmo en cuanto se reciban los fondos estatales". "El Gobierno de Canarias tiene muy claro cuáles son las obras, estructuras y tramos de obra prioritarios, entre los que se encuentra esa obra, y distribuye los fondos disponibles en función de esas prioridades".
"Si Canarias recibiese el dinero que le corresponde" -concluyó- "ni ésta, ni ninguna otra vía tendrían problemas para construirse".
