Los afectados por la expropiación forzosa por las obras de la carretera Arrecife-Tahíche, ya tienen fecha para comparecer ante la administración pública, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial de Canarias.
A este acto deberán asistir los afectados personalmente o representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad.
Los interesados, aunque no figuren en la relación de personas afectadas, podrán formular alegaciones en la forma y lugares previstos en la Ley 30/1992, hasta el momento del levantamiento de las actas previas, con objeto de subsanar posibles errores que se hayan podido producir en la confección de la relación concreta e individualizada.
El Gobierno de Canarias acordó el pasado 21 de abril declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución de la carretera Arrecife-Tahíche.
El proyecto se encuentra incluido en el convenio de colaboración en materia de carreteras suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento y abarca una longitud aproximada de 3,6 kilómetros. Las obras han sido contratadas con la UTE formada por Dragados y Orinas por un presupuesto de 16,4 millones de euros.
La sección del tronco de la nueva carretera será de dos calzadas de siete metros de ancho cada una, mediana de tres metros, dos arcenes exteriores de dos metros y dos interiores de un metro; y aceras laterales de cinco metros cada una. El tronco coincidirá con la traza de la vía actual con leves fluctuaciones para adaptarse a las condiciones de entorno. Entre el inicio y el final del tronco habrá cuatro glorietas, dos de ellas de nueva construcción.
Tanto el tratamiento paisajístico y de ajardinamiento como la distribución de la sección trasversal de la nueva vía han sido diseñados de acuerdo con las características eminentemente urbanas del entorno por el que discurrirá, incluyendo un tratamiento que asegure el adecuado aislamiento tanto visual como acústico de las zonas habitadas de sus márgenes, señala el Gobierno.
