El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Manuel Soria, ha presentado este martes al Consejo de Gobiero un anteproyecto de ley de medida fiscales para contrarrestar los efectos de la crisis económica, según anunció la portavoz del Gobierno canario, Carolina Déniz, en rueda de prensa posterior a la reunión.
La propuesta contempla modificaciones que afectarán a la tributación de los biocarburantes, al plazo de solicitud de devolución del IGIC a empresarios o profesionales no establecidos en Canarias, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El Consejo de Gobierno aprobó este martes la memoria justificativa de este anteproyecto y autorizó a la Consejería de Economía y Hacienda que continúe adelante con la tramitación administrativa de esta norma.
Esta medida se desprende del informe sobre la 'Situación de la economía canaria: perspectivas y objetivos frente a la desaceleración' elaborado por la Consejería a principios de este año y en el que se estableció un conjunto de medidas fiscales y económicas para paliar los efectos negativos de la actual situación económica.
El nuevo anteproyecto de ley se refiere a los tributos propios de la Comunidad Autónoma, con medidas relativas al Impuesto Especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF), con acciones sobre el Impuesto General Indirecto Canario (IGC), y a los tributos cedidos por el Estado. Sobre este último apartado, se contemplarán modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y otro sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En cuanto al Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo, se pretende evitar una tributación discriminatoria de los biocarburantes en Canarias, en el ámbito de la imposición indirecta específica respecto al territorio peninsular y a las Islas Baleares.
En el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se propondrá elevar el rango normativo de este plazo de solicitud de devolución del IGIC a empresarios o profesionales no establecidos en Canarias, con el fin de evitar pronunciamientos judiciales contrarios de la Administración Tributaria Canaria al respecto.
Mientras, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se propone rebajar al 4 y 0,4 por ciento, respectivamente, los actuales tipos reducidos del 6 por ciento y del 0,5 por ciento e introducir ciertas modificaciones, puramente técnicas, para evitar situaciones discriminatorias desde la perspectiva de la renta familiar, explica la Consejería en una nota.
Los nuevos tipos reducidos afectarán a la transmisión onerosa sujeta a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales de vivienda habitual por familia numerosa, menores de 35 años, personas con discapacidad,
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 65 por ciento, y vivienda de protección oficial.
Además, afectará a la transmisión onerosa sujeta al IGIC y a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de vivienda habitual, igualmente por familia numerosa, menores de 35 años, personas con discapacidad y viviendas de protección oficial, además de a los préstamos hipotecarios, sujetos a la modalidad a Actos Jurídicos Documentados, para financiar la adquisición de la vivienda habitual en los mismos supuestos que los anteriores.
Asimismo, se creará un nuevo tipo reducido en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del 0,1 por ciento para las operaciones de constitución de garantía hipotecaria realizadas a favor de las sociedades de garantía recíproca.
El nuevo anteproyecto de ley también incluye medidas para mejorar la gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante el establecimiento de la posibilidad, igual que se refleja en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de que el contribuyente se reserve el derecho a promover la tasación pericial contradictoria.
Asimismo, se prevé la modificación de la bonificación del 99,9 por ciento de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para suprimir la exigencia de documento público a las pólizas de seguros de vida que deban tributar como donación.
