El Gobierno de Canarias, reunido en un consejo deliberante, ha resuelto este martes ayudar a los afectados por el siniestro del JK 5022 de Spanair a través de tres líneas de actuación. El Ejecutivo creará una Oficina de Atención a las Víctimas, pondrá en marcha un estudio para analizar la situación de cada familia y apoyará “jurídicamente y con material técnico” a las asociación que pueda constituirse en defensa de los derechos de los afectados.
La Oficina tendrá su sede en la Delegación del Gobierno en Canarias. Allí el secretario general de la Presidencia del Gobierno autónomo, Juan Fernando Ríos Rull, representará a Canarias en esa Institución.
La segunda de las actuaciones supone la toma de decisiones “personalizadas”, por lo que la consejería autónoma de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, acometerá un estudio detallado para conocer la situación en la que “quedan cada una de las familias afectadas”, tras el accidente, según Carolina Déniz, portavoz del Gobierno canario. Déniz subraya que por parte del Gobierno se “adoptarán las acciones que correspondan, que pueden ser becas, pensiones o apoyo psicológico”.
El Gobierno de Canarias añade que de constituirse la asociación en defensa de los derechos de los afectados, se les apoyará. Se trata de tres acciones que todavía no tienen plazos. Déniz justificó al Ejecutivo opinando que “no sería prudente”, cuando aún no se ha resuelto el traslado de la totalidad de las víctimas.
Spanair
La portavoz se refirió a la posición que ha ocupado el Gobierno autónomo en este asunto como “discreta” y volvió a recordar que la compañía aérea Spanair publicó la lista de pasajeros “muy tarde”. “Los familiares tuvieron que trasladarse a Madrid sin conocer si los suyos estaban en la lista de heridos”, añadió. Sin embargo, Déniz concluyó que “tras la incorporación de los directivos de la empresa a sus puestos, todo ha mejorado”.
