El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha afirmado que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma continúan estudiando si se produjo un delito de prevaricación en la tramitación de las prospecciones en busca de hidrocarburos en las islas.
"El informe (de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo) apunta con claridad a que estamos ante una situación en la que se puede haber cometido prevaricación. Se está estudiando, ya que es un informe bastante complejo, y una vez se culmine [el análisis], el Ejecutivo regional adoptará las decisiones que considere oportunas", dijo este jueves tras el Consejo de Gobierno.
Aquí, agregó que la idea de encargar dicho documento fue para discernir si se podrían plantear responsabilidades penales en la tramitación de la autorización de prospecciones en aguas de Canarias.
"Principalmente -agregó- por el trato distinto dado a estas prospecciones respecto a las que se iban a tramitar en el Mediterráneo, tanto ante las costas de Málaga, como de Valencia y Baleares".
Sobre el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) respecto las prospecciones y donde el letrado Helmuth Moya realiza un voto particular en lo que a los sondeos, a la empresa que ha llevado a cabo la prospección y al Ministerio de Industria se refiere, Marrero entendió que la postura de dicho voto particular ya se había evidenciado desde el Gobierno de Canarias.
"Es decir, que el proceso administrativo para autorizar estos sondeos está plagado de irregularidades", manifestó mientras destacó que "hay un enorme margen de duda sobre la repentina decisión de Repsol [de anunciar que no había encontrado petróleo]".
