La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, va abrir un expediente de investigación con el objetivo de que el Cabildo de Lanzarote aclare los motivos por los cuales trasladó sin la autorización pertinente sobre los cambios del modelo de protección a la infancia a 7 niños inmigrantes dese el CAME I al CAME II.
Según informa el Gobierno canario en una nota de prensa remitida este viernes, "el Cabildo ostenta la guarda de los niños inmigrantes y necesita la autorización del Gobierno de Canarias para cualquier traslado o cambio en el modelo de protección". Desde el Gobierno de Canarias aseguran no entender "como se puede aludir a la crisis económica para justificar el cierre de un recuro social, ya que, además de que la Consejería de Bienestar Social, a través de la dirección general de Protección del Menor y la Familia financia la atención de los niños inmigrantes con una dieta de 56 euros diarios por niño y por otro nunca se debe comenzar a recortar gastos justo por las personas más débiles, como son los niños".
Para la Consejería el Cabildo demuestra con su decisión "falta de sensibilidad" al recortar presupuesto destinado a políticas sociales.
Según el Gobierno, "por el Acuerdo de Solidaridad firmado en el marco de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, en el año 2002 al Cabildo de Lanzarote le correspondería asumir el 22 % de estos niños llegados a Canarias en cayucos o pateras , y sin embargo tan solo acoge a 17 niños inmigrantes por los que además recibe financiación del Gobierno de Canarias". "Si Lanzarote tuviera que asumir el cupo de niños inmigrantes que le corresponde debería de acoger a más de 200 niños, por lo que no se entiendo como en vez de buscar nuevos espacios cierra los que ya tiene".
