El pasado día 5 de diciembre 192 guardias civiles presentaron otras tantas quejas en el registro de la oficina del Defensor del Pueblo en Madrid. Dicho documento se refería a la exclusión de derechos y libertades que cercena su actual régimen estatutario, y de cómo, incomprensiblemente,el Gobierno viene retrasando las iniciativas legislativas, a través de las cuales se daría cumplimiento a su propio programa electoral, a los compromisos acordados en sede parlamentaria y a la promesas efectuadas a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC.
La contestación a este escrito que los guardias civiles han recibido de forma individual, no puede ser más tajante y concisa, pues la alta institución tras confirmar que existe una investigación sobre la reforma de la L.O. de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que afecta a la modificación de distintos preceptos, entre ellos, los que contempla el arresto como sanción disciplinaria.
El Defensor del Pueblo afirma tras análisis pormenorizado, según informa la AUGC, de que las sanciones privativas de libertad se han venido aplicando con demasiada frecuencia y, en muchas ocasiones, sin las debidas garantías en los últimos años, en un ejercicio de discrecionalidad más allá de lo que permitirían los hechos determinantes del acto administrativo. Consecuentemente se afirma que los efectos que las mismas han producido en el colectivo de la Guardia Civil han sido muy negativos.
Apoyo al asociacionismo para mejorar las condiciones del colectivo de guardias civiles
Por otro lado, y pese a que el análisis de la naturaleza militar del Cuerpo es competencia del legislador, ajena por tanto a esta institución, afirma el escrito, en cuanto al derecho de asociación, que los guardias civiles pueden contar con la seguridad de que el Defensor del Pueblo no cejará en el empeño de que los miembros del Instituto armado puedan disponer con los instrumentos internos necesarios y con cauces eficaces para la resolución de sus problemas, para la mejora de sus condiciones económicas, sociales y laborales, a fin de que con ello se pueda dar respuesta a las situaciones de necesidad que presentan.
Para AUGC este documento es un varapalo a la desidia de la Administración con respecto a los guardias civiles y sus razonables peticiones.
Por otro lado, hay que recordar que el pasado mes de Noviembre, era el Tribunal de Derechos Humanos de la UE el que daba la razón en sentencia firme a la Asociación Unificada de Guardias civiles. Esta sentencia calificaba los arrestos a los guardias civiles como ILEGALES, y concluye que la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad y no pertenece a las fuerzas armadas cuestionando su carácter militar.
Por tanto, AUGC no entiende como el gobierno español, habla de cumplir la legalidad cuando se refiera a la actuación de los guardias civiles, y por otro lado no da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Que califica de ilegales los arrestos del actual Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
