María Teresa Fdez. de la Vega y Carmen Calvo, tras el Consejo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que, como principio general, establece el precio único de los libros si bien, en el caso de los de texto, liberaliza el precio de los mismos.
La liberalización es una de las demandas que editores, libreros y distribuidores plantearon durante las negociaciones con el Ministerio y sustituirá a los descuentos libres aprobados para este tipo de manuales por el Gobierno del PP en el año 2000 y que, a la hora de su aplicación, han llegado a alcanzar hasta el 25%.
De este modo, según la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se podrá "abaratar el coste final para las familias" y se "ayudará a las librerías" pequeñas y medianas. Además, esta medida tiene, como objetivo final, "la gratuidad" de los libros de texto.
Esta norma lleva aparejada una inversión de más de 430 millones de euros en ocho años para modernizar las bibliotecas españolas y adaptarlas a las nuevas tecnologías. Entre otras cosas, se fomentará la digitalización, la incorporación a la futura Biblioteca Digital Europea y el formato de libro electrónico.
La ministra, que ha asegurado que con esta ley se cumple "un objetivo importante de la política cultural del Gobierno", también ha anunciado la creación del 'Observatorio del libro y la lectura', que se encargará de hacer un seguimiento del sector y de fomentar la cultura literaria española en el mundo.
También ha anunciado la creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, con una inversión que permitirá renovar el archivo en enero, según ha asegurado la ministra.
Acogida desigual
El director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, ha valorado "muy positivamente" la ley, que "introduce un nuevo concepto de libro" y hace "una apuesta decidida por la lectura como instrumento básico para el desarrollo económico y social".
Ávila se congratuló de que, al final, el Gobierno haya optado por dejar libre el precio de los libros de texto, en lugar de permitir los descuentos sobre su precio fijo. También ha afirmado que los editores están "muy satisfechos de que a la inmensa mayoría de los libros se les reconozca el precio fijo, que era el sistema tradicional en España y lo es en la mayor parte de la Unión Europea", y que les gustaría que su tramitación en el Parlamento se diera "con un fuerte consenso".
"Si no ha podido ser el precio fijo para los libros de texto (que es lo que pedían), el que su precio sea libre es ya un avance importante sobre los descuentos ilimitados, que eran un régimen de fuerte intervención administrativa que no sufre ningún otro producto en la OCDE, una extraña y 'sui generis' mezcla de este país elaborada en el 2000".
Diferente opinión ha expresado el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), Mauricio Santos, quien ha atribuido a la "cobardía política" la liberalización del precio de los libros de texto.
Santos declaró que "no hay valor en el Gobierno para cambiar la política emprendida por el PP", que, a su juicio, "sólo beneficia a las grandes superficies". "El precio fijo es el sistema más habitual en casi todo el mundo y da mayor estabilidad al mercado", explicó. Asimismo, insistió en que este régimen "permite la competencia a través del servicio que se presta al cliente, en vez de a través del precio".
El precio libre, un problema para el pequeño comercio
Mauricio Santos consideró que el sistema de precio libre juega en contra del pequeño comercio, para el que es más difícil competir con precios bajos. A pesar de todo, calificó la decisión del Gobierno de "mal menor" en comparación con la posibilidad, ahora desestimada, de aplicar descuentos libres a los libros de texto. El precio libre es, a su juicio, "técnicamente menos perverso que los descuentos". "Es mejor que lo que había, pero no estamos entusiasmados y no es una solución", concluyó.
Mientras, el presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, Fernando Valverde, consideró positivo el proyecto de Ley, pues "supone un nuevo punto de partida y aportará numerosos beneficios al sector, como el aumento en el presupuesto y las inversiones en bibliotecas, el establecimiento de sanciones para quienes no cumplan la normativa y el apoyo a las librerías como principal canal de distribución de los libros".
Respecto al establecimiento de un régimen de precios libres en los libros de texto, el presidente de la CEGAL considera que "no es la solución", ya que "no resuelve todas las necesidades expresadas por libreros, editores y distribuidores". "Nosotros queríamos el precio fijo en los libros de texto, pero no en las condiciones en las que estábamos hasta ahora. Reivindicábamos que no se pudieran aplicar descuentos ilimitados sobre un precio fijo", subrayó Valverde, para quien, en cualquier caso, la solución de precios libres adoptada "es un mal menor".
Según el presidente de la CEGAL, los libreros deberán ahora reajustar sus esquemas para enfrentarse al nuevo régimen, aunque destacó que "ahora podrán negociar los precios directamente con los editores y los establecerán según las leyes de mercado". "Así, podremos competir en condiciones de igualdad con las grandes superficies, que basaban parte de sus campañas en los descuentos", subrayó.
Por su parte, la confederación católica de padres de familia y alumnos (Concapa) tilda de "política" la iniciativa y considera más efectivas otras, como la gratuidad del ciclo de Bachiller. "La gratuidad de los libros es más una cuestión política que efectiva", y lo interesante sería facilitar verdaderamente la compra a los que tienen más dificultades, al tiempo que se protege a los libreros.
