El Pleno del Congreso ha aprobado con la oposición de las minorías de izquierda el informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que incorpora una modificación pactada entre PSOE y CiU que reclama un nuevo marco legal sobre la edad de jubilación "más basado en la flexibilidad y gradualidad", de manera que cualquier modificación del mismo se haga de manera "progresiva" y no de manera "homogénea y forzosa para el conjunto de las personas".
Esta propuesta, que modifica el texto aprobado el pasado 29 de diciembre, ha contado con el apoyo de PNV, hasta sumar 186 escaños mientras que el PP y CC se ha abstenido y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD han votado en contra. Por contra, los votos particulares presentados por populares, minorías de izquierda y UPyD para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación no prosperaron. El PP también se abstuvo en todos ellos, salvo en el suyo.
El PP intentó lograr una votación separada de los puntos del informe para reforzar que se desmarcaba del pacto entre PSOE y CiU, si bien el PSOE utilizó su mayoría para frenar esta posibilidad.
Tampoco prosperó el voto particular del PNV que reclamaba que se reconozca la posibilidad de que las comunidades autónomas utilicen "sistemas singulares o especializados" de gestión de las pensiones, sin afectar los principios de solidaridad y de la igualdad de derecho de todos los ciudadanos para acceder "en igual cuantía" a las prestaciones públicas.
La única propuesta aceptada por todos los grupos, entre las veintisiete modificaciones planteadas, fue la presentada de manera conjunta para hacer explícito el compromiso de los grupos en favor de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones "basado en el reparto y la solidaridad".
El presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, Juan Morano, ha abierto el debate señalando que el informe la Comisión marca las principales adaptaciones para el sistema de pensiones necesarias para garantizar su "sostenibilidad financiera.
En su estreno en la tribuna como portavoz socialista en materia de pensiones, Jesús Caldera, ha remarcado que en los próximos 35 años el sistema de pensiones dará entrada a 22 millones con una media de supervivencia de 24 años, el doble de lo anotado en los 35 años anteriores, lo que justifica las reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
En este sentido, ha recordado que la anterior reforma, que se hizo cuando él mismo ocupa la cartera de Trabajo, ya plantean incentivar el retraso voluntario de la jubilación, pero sólo se han acogido a esta posibilidad el 3% de los potenciales beneficiarios. "Por eso creemos que hay que ir más allá", ha asegurado, señalando que así se lo ha indicado a sus propias hijas.
El PP rechaza una reforma a la "desesperada"
El portavoz del PP, Tomás Burgos, ha advertido de que la reforma de las pensiones no pude limitarse a "mover las fichas" a la "desesperada" y el Gobierno debe tener en cuenta las recomendaciones del Pacto de Toledo, que en su mayoría cuentan con el respaldo 'popular', salvo el "injusto" retraso de la edad de jubilación, que implica un recorte del 20% en las prestaciones.
"Hoy que el sistema lleva perdidos casi dos millones de cotizantes, se desploma el superávit de la Seguridad Social y se congelan las pensiones es cuando debemos decir que esta situación debe revertirse", ha asegurado, recalcando que la prioridad no puede ser una "reforma de pensiones improvisada" y sin consenso.
El diputado de CiU, Carles Campuzano, ha recalcado que las 21 recomendaciones constatan el compromiso de los grupos parlamentarios con el carácter público del sistema público de pensiones y ha rechazado la visión "catastrofista" de las minorías de izquierdo.
Además, ha advertido de que la Cámara Baja tiene la obligación de tramitar "bien" el proyecto de ley que remita el Gobierno al Congreso y ha defendido el acuerdo con el PSOE para un voto particular para lograr un "consenso político y social en los próximos días" y tranquilizar a los pensionistas. Para ello el Gobierno debe mostrar "capacidad de diálogo" con grupos políticos y agente sociales.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha lamentado la "desfiguración mediática" del debate al centrarse en la edad de jubilación, lo que supone una vía "reduccionista y aberrante", pues modificarla "no sirve para nada" si no se tiene en cuenta otras medidas.
Asimismo, ha recordado que una medida similar costó la cancillería alemana a Gerhard Schroeder, si bien se ha apresurado a aclarar ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. que "no intentaba ser premonitorio".
Por parte de ERC, Joan Ridao ha rechazado que las recomendaciones dejen "manos libres" al Gobierno para retrasar la edad de jubilación "metiendo miedo" a los ciudadanos sobre la viabilidad del sistema pública, que en cualquier caso está garantizada hasta 2023. "Existe con u sistema publico viable, eficaz y de calidad, que no penalice la longevidad", ha remarcado.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que, más allá del informe aprobado pese a su voto contrario, es la propuesta del Gobierno la que busca "doblar el pulso al Congreso" y "recorta las escasa conquistas sociales" logradas en España a lo largo de las décadas con una ruptura del sistema público de pensiones, que se recortarán de manera "brutal". "Estamos ante la recuperación de lo peor del capitalismo", ha denunciado.
La representante del BNG, Olaia Fernández Davila, ha indicado que la respuesta del Gobierno a la crisis "se reduce a ajustes sociales" como los relativos a las pensiones, recortes ante lo que las recomendaciones de la Comisión son "demasiado ambiguas" y dejan las manos libres al Gobierno. Por su parte, la diputada de NaBai, Uxue Barkos, ha expresado su rechazo a que se trate de "cuestionar la viabilidad" del sistema público de pensiones.
La diputad de UPyD, Rosa Díez, ha defendido sus quince votos particulares presentados por su formación, en especial lo relativo al mantenimiento de la edad legal jubilación en los 65 años y la modificación de las prejubilaciones "injustas".
