El Comité de Empresa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo de Lanzarote ha mostrado a través de un comunidado de prensa su oposición al recurso anunciado por la
consejera de los Centros Turísticos, Ástrid Pérez, contra la sentencia
del Juzgado de lo Social que declaró improcedente el despido de un
trabajador de la empresa pública por los incidentes acaecidos a la salida del
Consejo de Administración que aprobó el plan de Viabilidad. Incidente, dice el Comité, en el que "en ningún caso el trabajador se dirige a ningún político en concreto, sino generaliza".
Los representantes de los trabajadores de los Centros Turísticos
consideran que la sentencia es "contundente y echa por tierra todos los
argumentos esgrimidos por la consejera para proceder al despido".
El Comité de Empresa teme que la intención real de la consejera sea
"retrasar la readmisión del trabajador, como forma de dilatar en el
tiempo el reconocimiento de que el despido constituyó un abuso de
autoridad, evitando así el reproche público a su actitud".
Por otra parte, para los representantes sindicales, prolongar esta
situación supone un intento de mantener la presión sobre los
trabajadores, ya que la Consejera ha renunciado al diálogo,
sustituyéndolo por la presión y las amenazas.
Los trabajadores rechazan que la necesidad de la consejera de retrasar
la resolución de este conflicto la pague el trabajador, que ve, argumentan, "cómo esta situación injusta se prolonga en el tiempo, con la lógica angustia que genera no solo en él, sino en su familia y compañeros".
Esta indemnización, si la hubiera, supondría un coste de unos 47.000 euros
que saldrían de las arcas públicas de la EPEL, dinero que ahora mismo, aseguran, "no se puede permitir derrochar esta Entidad".
