viernes. 29.03.2024

La presidenta del Comité Regional de Derechos y Garantías, María del Mar Arévalo del Partido Popular, ha confirmado este sábado a ACN Press la expulsión de Domingo González Arroyo del Partido Popular (PP), así como de los concejales expedientados. "Están expulsados del PP, y les queda la posibilidad de recurrir a Madrid, al haber sido una decisión tomada por el Comité Regional, y no el Comité Nacional", afirma la presidenta del Comité en Canarias de Derechos y Garantías.

El hecho de que finalmente la decisión de expulsión se haya tomado en Canarias, deriva de la delegación de competencias que desde el Comité Nacional se hace al Regional, a partir del mes de octubre, al considerar que González Arroyo ha perdido su condición de presidente insular.

"Desde que pierde su condición de presidente insular, y por lo tanto dejar de ser miembro de la Junta Directiva Nacional, el Comité Nacional de Derechos y Garantías deja en manos del Comité Regional la competencia para resolver la expulsión de González Arroyo y los concejales", explica Maria del Mar Arévalo.

La comunicación oficial de expulsión del partido, se ha realizado a los afectados por medio de bureau-fax enviado a los domicilios particulares, así como al propio Ayuntamiento, y levantando acta notarial de las expulsiones.

Contundente respuesta de González Arroyo

“A las 13:30 horas de este sábado he recogido en mi domicilio una notificación del Comité Regional de Derechos y Garantías, en la que no se me comunica ninguna expulsión, sino que se dictan los cargos que podrían imputarme, recordándome además en una carta adjunta que la resolución no es firme y que puedo recurrir al Comité Nacional”, explicó a ACN Press Domingo González Arroyo. “El documento no recoge claramente, en ninguna de sus líneas, la expulsión sino que propone distintos autos disciplinarios”, dijo.

Y añadió González Arroyo: “Maria del Mar Arévalo, presidenta del Comité Regional de Derechos y Garantías ha mentido, ya que según pone textualmente la resolución, no existe expulsión alguna, simplemente califican las sanciones como graves, que pueden suponer la perdida de militancia durante cuatro años o la expulsión, y no se define por ninguna, recordándome además que puedo protestar en Madrid”.

El documento, cuya fecha de salida es el día 5 de enero, y la fecha de comunicación es el 10 de enero, resuelve textualmente:

“Punto octavo, sanciones que proceden y propuestas de sanción. Los artículos 11.3 de los estatutos nacionales del PP y 13.3 del reglamento de organización del PP de Canarias, establecen que las infracciones muy graves serán sancionadas en los siguientes términos, señalando: a) suspensión de militancia por un período de tiempo entre 4 y 6 años, b) inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este por igual período de tiempo, y c) expulsión del partido. En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de enero del 2009. Firma: Antonio Tirso E. Sánchez, Secretario del Comité Regional de Derechos y Garantías”.

Al documento, el Comité Regional, adjunta una carta que señala, “este acuerdo no es firme, y frente al mismo podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los estatutos nacionales y en el reglamento de organización del PP de Canarias, recurso ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías, en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente a la notificación del acuerdo”.

“No estoy expulsado”, afirmó González Arroyo, “tan sólo propone tres supuestos sobre los que yo tendré que alegar, y que el órgano competente resolverá en su día”, y añade “no dicen haber decidido, o haber tomado la decisión de suspender o expulsar, tan sólo refieren los estatutos señalando lo que pudiera corresponderme”, y concluye, “es una resolución ambigua que no resuelve nada. ¿Me han expulsado, suspendido de militancia, inhabilitado?, es algo que no sabemos”.

El Comité Regional de Derechos y Garantías comunica la expulsión del PP de González...
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