El Colegio Oficial de Diplomados y Diplomadas en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas ha mostrado este martes su preocupación ante las continuas declaraciones que se realizan desde la Consejería sobre la situación de los presupuestos que se destinarán para los servicios sociales en Canarias de cara al 2012.
“A pesar de los esfuerzos de diferentes colectivos y entidades para sensibilizar al Gobierno de Canarias, sobre la necesidad de invertir en Políticas Sociales y los derechos que tienen reconocidos la ciudadanía a través del Sistema de Bienestar Social, sustentado por cuatro pilares (Educación, Salud, Pensiones y Servicios Sociales), el nuevo anteproyecto de Ley de Presupuesto de la CCAA de Canarias está siendo duramente atacado con sucesivos recortes en sus partidas presupuestarias”, declara David Muñoz, presidente de la entidad colegial de Las Palmas.
Los últimos datos que han salido a la luz pública sobre los recortes que el Gobierno de Canarias estima oportuno hacer en las Políticas Sociale,s reduciendo la inversión en 43 millones, pasando de 310 millones en el año 2011 a 267 “hace que tengamos que ser conscientes de lo que suponen los recortes ya que parece que ante tantos números, se olvidan que lo importante es cómo están repercutiendo los mismos en las personas”, sentencia Muñoz.
Los colegiados aseguran que en este contexto, los Servicios Sociales canarios están en alerta roja´ y en esta previsión presupuestaria las consecuencias serán “más que inmediatas”, estima el presidente del Colegio Oficial de Diplomados y Diplomadas en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas. “Todo ello supone que cuando una persona pide cita para ser atendida por los Servicios Sociales municipales, en algunos municipios, tenga que esperar más de un mes. Supone que después de esta espera, cuando llega el momento de ser atendido por un profesional sea éste el que le diga, “lo siento mucho pero no se le puede dar respuesta a su necesidad”, o incluso cuando le ha llegado una notificación de que tiene derecho a recibir una prestación o ayuda económica, se le tiene que decir que tiene que seguir esperando ya que se ha acabado la partida presupuestaria y están viendo de dónde pueden buscar más dinero”, asiente.
Desde la entidad colegial se sostiene que “esta reducción es menos entendible cuando otras partidas no prioritarias, en los momentos de crisis que estamos pasando, no han visto reducida su cuantía de forma considerable como es el caso de la Televisión Canaria o incluso han aumentado como es el caso de la Policía autonómica con un incremento del 3,1% en el capítulo de personal y la Academia Canaria de Seguridad un aumento de su gasto muy fuerte, del 61%”.
David Muñoz sostiene que “se está apretando de forma irresponsable a los colectivos más desprotegidos de nuestra comunidad canaria y hay que ser conscientes que esta situación por ahora no ha explotado gracias a la existencia de redes familiares y de trabajos sin contratos que desprotegen al trabajador o trabajadora siendo en estos momentos el sostén de multitud de familias, pero estas alternativas pueden ser válidas a corto plazo, pero si lo que se quiere es que mejore la economía y las oportunidades de empleo, donde hay que invertir es en los pilares del Bienestar Social y no en policía ni en televisiones autonómicas”.
Datos inexactos por parte de la Consejería
El Colegio como integrante de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) está muy preocupado por las sucesivas declaraciones que se realizan desde la Consejería ya que “no aportan datos exactos sobre la situación de los presupuestos que se destinarán para los servicios sociales en Canarias para el 2012, sin embargo se están estudiando muy detenidamente por dicha red que está haciendo un importante trabajo para informar y visibilizar lo que está aconteciendo en lo relativo a estos presupuestos”, afirma Muñoz.
Redesscan anunciaba hace unos días que en total, el 35,1% de la población, más de una de cada tres personas, en las islas está en condiciones de vida precarias. Con los datos de la encuesta de condiciones de vida, del INE, del 2011, aumenta el número de personas bajo el umbral de la pobreza en 73.027 personas más, “por lo que no es de extrañar que consideremos la situación de alerta máxima”, aclara el presidente del colegio profesional de Las Palmas.
Precisamente en esa necesidad de acercar la realidad de lo que está sucediendo tanto para las personas que desarrollan su labor profesional en el mundo social, como para quiénes se ven en la necesidad de hacer uso de ellos, junto con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife se están preparando varios informes sobre aspectos directamente relacionados con sistemas de protección para la ciudadanía como son la Prestación Canaria de Inserción, la Implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia o la Ley Servicios Sociales.
