viernes. 29.03.2024
Francisco Torres anuncia que el órgano colegiado está organizando unas jornadas para periodistas para abordar un asunto que califica de "muy delicado"

El Colegio de Abogados de Lanzarote apuesta por imponer sanciones por las filtraciones judiciales a la prensa

La Abogacía de la Isla critica el Anteproyecto sobre la Ley de Tasas del Gobierno de Rajoy. "El co-pago tiene un carácter disuasorio, no servirá para sufragar la justicia gratuita y favorecerá a los morosos y a los sectores más beneficiados, vulnerando el derecho de la universalidad de la justicia", manifiesta

El Colegio de Abogados se ha interesado por las diversas filtraciones a la prensa que han tenido lugar en Lanzarote con motivo de las últimas operaciones policiales y judiciales relacionadas con presuntas tramas de corrupción y ha apostado por terminar con este tipo de prácticas. Así, el decano del Colegio de Abogados de la Isla, Francisco Torres Stinga, ha anunciado en Crónicas Radio que el órgano colegiado está tratando de organizar una serie de jornadas con algunos periodistas de la Isla para abordar este "delicado" tema, en el que asegura que "no es de recibo que los acusados se enteren antes por los medios de comunicación de determinadas actuaciones judiciales".

"Me sorprende lo que sucede en el Colegio de Abogados de Lanzarote y me sorprende lo que sucede en el resto de España. Lo que no es de recibo, y estas filtraciones tienen un carácter general en toda España, es que un acusado se entere por los medios de comunicación de que ha sido absuelto o ha sido condenado; o que, efectivamente, los abogados tengan noticias de determinadas actuaciones procesales a través de los medios de comunicación", ha señalado el decano en declaraciones al programa 'A buena hora'.

Torres recuerda que "quien filtre esta información, está sujeto a responsabilidades penales. Este es un temas muy delicado y desde el Colegio de Abogados de Lanzarote se está estudiando la posibilidad de organizar unas jornadas para abordar este tema. Además, en determinadas ocasiones, ciertos medios tienen esa información y otros no", ha dicho.

El decano asegura que "a los abogados personados en una causa que está bajo secreto de sumario se nos queda cara de tonto porque no tenemos acceso a cierta información porque están secretas y luego vemos en determinados medios de comunicación noticias vinculadas a un determinado proceso judicial sometido a secreto de sumario", ha afirmado. "Estoy de acuerdo con que hay que acabar con este tipo de prácticas. Información sí, desde luego, pero para todos", ha manifestado.

Torres Stinga apuesta, además, por que se impongan sanciones e incluso por que haya responsabilidad penal para quien conculque los derechos de los acusados. "Es un mal nacional prácticamente y que va a ser muy difícil de atajar. O se ataja de raíz, aplicando estrictamente la ley e investigando y sancionando administrativa o penalmente -pues la ley lo permite- y se utilizan métodos ejemplarizantes, o desde luego nunca vamos a poder terminar con estos hábitos porque, en algunas ocasiones, sabemos de dónde vienen las filtraciones", advierte.

El anteproyecto sobre la Ley de Tasas

Por otro lado, cuestionado sobre el anteproyecto que prepara el Gobierno central en relación a la Ley de Tasas, Torres ha recordado- que "los profesionales de la abogacía ya han manifestado su malestar públicamente con concentraciones que se realizaron el lunes pasado y que se seguirán organizando en próximas fechas por entender que este anteproyecto de Ley supone una vulneración del derecho a la justicia de los ciudadanos". El decano de los abogados lanzaroteños ha explicado que la medida puede traducirse en lo que algunos sectores ya denominan "el co-pago de la administración de justicia".

A modo de ejemplo, ha expuesto que "un señor al que le ponen una multa de tráfico de 100 euros y recurra a la vía contencioso-administrativa va a tener que pagar anticipadamente 200 euros; o la del fontanero, que para reclamar una factura de 90 euros va a tener que pagar una tasa de 100 euros". En definitiva, es una medida que para Torres "beneficiará a los morosos". Pero es que, en caso de tener que acudir a instancias superiores como el Tribunal Supremo, se han hecho cálculos que apuntan a que llegar hasta casación puede suponer en algunos supuestos hasta 11.000 euros de tasa, con lo que desde la abogacía entendemos que se está dando el camino inverso para el acceso en condiciones idénticas de todos los ciudadanos a la justicia, y que se está favoreciendo una vez más a los sectores más favorecidos".

Efecto disuasorio

Francisco Torres considera que la nueva medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy contiene "un marcado efecto de carácter disuasorio. De lo que se trata, en definitiva, es de evitar que al ciudadano que se sienta perjudicado y que quiera reclamar lo que en justicia le corresponde, se le vulnere el derecho de la universalidad de la justicia", ha dicho.

El decano desmiente que la medida planteada por el Gobierno del Estado persiga sufragar los gastos de la justicia gratuita, tal y como se ha vendido, "cosa que es totalmente irrisoria pues", según Torres, "la justicia gratuita, de la que se benefician cerca de un millón de personas, constituye el 6,5 por ciento del Presupuesto del Ministerio de Justicia, unos 250 millones de euros; mientras que se prevé que el Estado ingrese, con esas tasas que pretende implantar, casi 400 millones de euros, es decir, un excedente importante".

Además, ha agregado, "la justicia gratuita se debe nutrir de los Presupuestos Generales del Estado y demás, pero nunca hay que vender que con esto se pretende sufragar la justicia gratuita, es decir, que el resto de ciudadanos que no tiene derecho a la justicia gratuita pague la de aquellos que no la pueden pagar. Ha sentado muy mal en la Abogacía porque tiene un carácter meramente disuasorio y buscar otras formas de justificarlo no son de recibo".

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