La constitución de la Comisión de Investigación de Inalsa, el pasado 27 de octubre de 2006.
El grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote ha anunciado que no piensa seguir adelante con la Comisión de Investigación abierta en la empresa Insular de Aguas S.A., Inalsa. Dicha comisión se constituyó durante la anterior legislatura para estudiar la gestión de Inalsa desde 2001 hasta el pasado ejercicio y depurar posibles responsabilidades de técnicos y políticos en la firma del contrato, en 2001, entre Inalsa, y la UTE Edad Janubio para la construcción de una planta desaladora en Janubio, al sur de la Isla. Sin embargo, la Comisión se cerró sin que se aportaran conclusiones sobre la gestión que llevó a la empresa a enfrentarse a un laudo condenatorio y sin que se determinara responsable alguno en el informe final que elaboró este órgano.
Dicho carpetazo a la investigación de Inalsa lo desveló este miércoles el portavoz del Partido Popular (PP) en el Cabildo insular de Lanzarote, Francisco Cabrera, quien confirmó en Agustín Acosta Radio que el equipo de gobierno le contestaba a los populares así a una de las respuestas plateadas por el PP sobre Inalsa, junto a otra relativa a las negociaciones actuales entre el Cabildo y dicha UTE en relación a la planta desaladora del sur.
En su respuesta, el Gobierno insular asegura que “la Comisión a la que se alude en la pregunta se creó en la legislatura pasada y finalizó, por tanto, sus trabajos al término de la misma. Este grupo de gobierno no se plantea proponer la apertura de la nueva Comisión de Investigación relativa a ese mismo asunto”.
En su día, desde el PP Astrid Pérez aseguró que existía un presunto delito de falsedad en documento público cometido por Plácida Guerra y Pedro Márquez. En abril de este año, la consejera popular señalaba que “a menos de un mes para que concluya el mandato, la Comisión investigadora cierra sin señalar responsables y, aún peor, sin poner fecha al inicio del segundo proceso de análisis de pruebas. Habíamos acordado un segundo proceso de pruebas, de hecho, el PP se dejó pruebas para el segundo periodo debido al interés que generaban las mismas. Sin embargo no vamos a poder concluir porque ya no tenemos tiempo material con la llegada de las elecciones”, se lamentó.
Reacciones
Según Cabrera, el grupo de gobierno se excusa en la Ley de las Grandes Ciudades para aclarar que no piensa reabrir la Comisión de Investigación. Sin embargo, según el PP, dicha ley “no prohíbe que se nos dé información sobre estas cuestiones.
El PSC debe explicarle a todos los lanzaroteños por qué no se construyó una planta desaladora que iba a salir gratis porque estaba incluida en el Plan Hidrológico Nacional”. En esa Comisión de Investigación, aseguró Cabrera, “gracias al testimonio de varios técnicos, se descubrió precisamente que el PSC mintió a los lanzaroteños cuando alegó que era imposible esa nueva planta porque no se había alcanzado ese techo crediticio”.
“Esa ley tampoco impide que se explique a los ciudadanos por qué esta empresa le exige ahora más de 10 millones de euros a todos los ciudadanos por aquella nefasta gestión que los socialistas hicieron en el pasado”. El PP anuncia que seguirá adelante con el esclarecimiento de dicha gestión, y que se basará precisamente en esa Ley de Grandes Ciudades para pedirle explicaciones al equipo de gobierno.
“Nunca hubo intención de aclarar nada”
Por su parte, para el que fuera consejero en el Cabildo por Alternativa Ciudadana durante la pasada legislatura y miembro de dicha Comisión, Pedro Hernández, dicho órgano de investigación “nunca tuvo realmente la intención de aclarar absolutamente nada, sino entretener, perder el tiempo y que los ciudadanos de Lanzarote estuvieran más confusos en relación a este asunto”.
Según el actual líder de Isla Alternativa, existen documentos que comprometen la gestión de PIL y PSOE. “Días antes de que concluyera la legislatura entre 1999 y 2003 se firmó el acta de replanteo del inicio de las obras de Inalsa Sur, tres días antes de la toma de posesión del nuevo grupo de gobierno. Sin embargo, hubo técnicos que podían demostrar esto pero que nunca fueron a declarar a la Comisión de Investigación, y nadie les obligó a comparecer”, dijo.
Plácida Guerra, Manuela Armas y Pedro Márquez.
Pedro Hernández recordó que en noviembre de 2003 Plácida Guerra firmó una misiva dirigida a la Agencia Canaria de Protección del Medio en la que se señalaba que las obras de la planta eran del Cabildo, cuando en realidad se había firmado un contrato en septiembre de 2001 con la UTE “que demostraba que las obras no eran del Cabildo”. “Las obras carecían de licencia edificatoria del Ayuntamiento de Yaiza y fueron precintadas por la Agencia. También hay documentos que hablan de una posible privatización de la planta desaladora del sur”, agregó.
El ex consejero advirtió que el laudo sigue todavía en el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y en la Audiencia Provincial, y recordó que “todavía no sabemos si el laudo deberá ejecutarse o no al final”.
A Fiscalía
Respecto al carpetazo que el grupo de gobierno parece darle a la investigación de Inalsa, el concejal de Alternativa Ciudadana en el Ayuntamiento de Arrecife Andrés Barreto pidió a quienes aseguran que hay acceso a esos documentos comprometedores de las obras de Janubio “que dichos documentos se lleven a Fiscalía”.
Para Barreto, con una Comisión de estas características, al final quedamos todos como irresponsables y no se depura responsabilidad alguna”.
