La comunicación por parte del Gabinete de Prensa de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, relativa a analizar la situación jurídica y económica de la empresa Insular de Aguas(Inalsa), a la hora de solventar la convocatoria del concurso eólico, resuelto el pasado 7 de enero, a la que la propia Inalsa y otras empresas presentaron alegaciones, supone "un adelanto filtrado de una decisión netamente política encubierta con un barniz de objetividad y libre concurrencia, debido a la manifiesta hostilidad del Gobierno de Canarias hacia el gobierno del Cabildo de Lanzarote".
"El Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, con una política abiertamente partidista y sectaria" -dicen-, "no sólo obstaculiza el desarrollo económico de la isla de Lanzarote, sino que pretende minar sus infraestructuras". "Nos resulta incomprensible que dirigentes lanzaroteños en ese gobierno no procuren una ejecución de política más positiva para Lanzarote, sino que parece que se unan para crear trabas e incrementar los conflictos allá donde pueden, máxime cuando la actual situación financiera de Inalsa se debe a la inacción o negligencia, cuando no mala fe, del exconsejero delegado, Mario Pérez, que hoy en día ocupa una viceconsejería del Gobierno de Canarias", aseguran.
Por otra parte, el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote no entiende el cambio de argumento de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, que rechazó en su día el proyecto presentado por Inalsa para optar a la concesión de parques eólicos en Lanzarote, arguyendo en su día un fallo técnico de distancia entre aerogeneradores, "fallo que no existió tal y como demostró Inalsa".
En este sentido, y mientras la empresa Insular de Aguas de Lanzarote espera por una resolución tras sus alegaciones, el Cabildo de Lanzarote, como socio mayoritario y como defensor de los intereses de la Isla, cuestiona seriamente la actitud del Gobierno y de la Cnsejería de Industria respecto a Unelco-Endesa, a quien ha concedido la explotación de tres parques eólicos en territorio insular.
Los aspectos a analizar en este caso serían las razones que lleva al Gobierno canario a favorecer a empresas como Unelco, y no el hecho de "determinar si las circunstancias económicas de Inalsa son compatibles con la orden de convocatoria del concurso eólico y con las bases del mismo", tal y como manifiestan fuentes de la Consejería de Industria.
