jueves. 28.03.2024

- El Cabildo solicitará también al Gobierno de España que proceda a la declaración en las islas de estos servicios de desalación como “sector estratégico” y se apliquen, conforme a esta consideración, tarifas eléctricas preferenciales a su funcionamiento

El Pleno de la Corporación del Cabildo de Lanzarote aprobó este lunes, por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas, una moción del grupo de gobierno respecto a la concesión de subvenciones de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, destinadas a las plantas potabilizadoras de Lanzarote para la desalación de agua de mar.

A través de este acuerdo plenario, informa el el Gobierno insular, el Cabildo se dirigirá a los senadores canarios para que enmiendan en la Cámara Alta, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, fijando la cuantía de la subvención a la desalación de agua de mar para Canarias en un importe global no inferior al consignado por este concepto en el ejercicio 2010, que para Lanzarote ascendió a 2.579.834 euros.

De igual forma, el Pleno de la Corporación acordó dirigirse al Gobierno de España para que que proceda a la declaración de los servicios de desalación de agua de consumo humano en las islas como “sector estratégico”, y emprenda las acciones necesarias para la aplicación de tarifas eléctricas preferenciales a su funcionamiento, de acuerdo con esta consideración.

Al tiempo, solicitarán al Estado que habilite una línea de ayudas específicas para contribuir a la instalación de plantas de energías renovables asociadas a proyectos de autoconsumo en desalación de agua, así como la simplificación en el proceso de concesiones de autorizaciones para generación de energías alternativas.

Antecedentes

Desde el año 1983 se subvenciona la actividad de desalación de agua de mar en las Islas Canarias, con objeto de poder abaratar el precio final del agua potable y tratar de aproximarlo al precio medio del agua en la Península.

A partir de 1997, el control y distribución de estas subvenciones pasó a ser competencia del Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuyas bases reguladoras se aprueban por orden ministerial y son objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado, tal como establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En los últimos años se ha reducido considerablemente la subvención del agua desalada en Canarias y, concretamente desde 2008 a 2011 ha bajado de 16.961.769,99 a los actuales 9.759.550,00 €, lo que supone -7.202.219,99 €, esto es una reducción del 42,46%.

A esta reducción de la subvención del agua desalada en Canarias, en un 42,46% en los últimos cuatro años, hay que unirle la subida de los costes de la energía eléctrica, lo que está suponiendo un importante problema económico a las empresas productoras y distribuidoras de agua desalada de consumo humano en Canarias, las cuales se están planteando subir los precios de venta y repercutir estos costes en el ciudadano canario.

Además, la previsión de las cuentas estatales plantea una caída del 50%, y de los 9,7 millones de euros de 2011 se pasaría a 4,8 millones de euros de subvención en este ejercicio económico, lo que implica que los precios del agua de abasto sufrirán una escalada de manera inmediata y si ya el agua en Canarias es la más cara del país, con estas previsiones se van a distanciar aún más de la media estatal, en torno al 70%.

Todas las Islas, salvo La Palma y La Gomera, cuentan con plantas desaladoras para consumo humano, y la importancia de éstas es tal que en Lanzarote y Fuerteventura prácticamente el 100% de la población se abastece de esta agua.

Sin embargo, la subvención estatal a la producción de agua desalada no discrimina positivamente los territorios en el ámbito insular que más dependen del agua desalada de modo que la normativa vigente subvenciona de igual modo una desaladora en un territorio peninsular, donde el porcentaje de agua desalada sobre el consumo total puede estar entre el 5 y el 10%.

A este hecho, hay que añadir que la liberalización de la comercialización de energía eléctrica ha provocado un aumento de más del 50% de las tarifas eléctricas para desalación de agua, con lo que la situación de la industria de desalación ha variado radicalmente.

La situación se ha agravado después que el Congreso de los Diputados haya decidido no respaldar una proposición no de ley para que se recupere y estabilicen las ayudas a los servicios públicos de desalación de agua en Canarias con el grave perjuicio que la importante reducción de esta ayuda estatal afectará no sólo al propio sector, sino a otros ámbitos productivos y al conjunto de los ciudadanos.

El Cabildo de Lanzarote...
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