- Esta sentencia, favorable entonces al Cabildo de Lanzarote y al Partido Socialista, anuló las autorizaciones dadas a Repsol para iniciar las prospecciones petrolíferas en aguas canarias
Según informa la Primera Corporación lanzaroteña, el Cabildo considera en su demanda que la convalidación que ha realizado el Estado “es contraria e infringe de forma clara y patente los pronunciamientos de la Sentencia de 2004 del Tribunal Supremo” que anuló la autorización otorgada a Repsol por varios incumplimientos de la ley del sector Hidrocarburos y por no contar con las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración exigido.
A este respecto, la primera Institución insular alega en su demanda que “no es posible convalidar dicho acto, declarado nulo, y porque, a través de dicha convalidación, se comete un fraude de ley al dictarse una nueva autorización sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.
Por ultimo, el Cabildo de Lanzarote en su demanda al Supremo explica también que impugnan el acto de convalidación del Real Decreto de 2001 porque “se ha aprobado 11 años después, con informes y documentos medioambientales realizados en 2004 que se encuentran actualmente desfasados”.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, detalla que “este ha sido el primer paso del frente jurídico que se abrirá a partir de ahora por parte de las tres administraciones implicadas a las que el Estado dio trámite de audiencia para presentar alegaciones, los dos Cabildos insulares y el Gobierno de Canarias. San Ginés ha informado, en este sentido, que "presumiblemente" tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Fuerteventura, en cuyo poder ya obra esta solicitud de ejecución, "presentarán sendos incidentes de ejecución de sentencia, al margen de que las tres instituciones prosigan con la presentación de un Recurso contra el propio Real Decreto que acaba de aprobar el Estado".
“Tampoco se descarta la petición de suspensión cautelar de las prospecciones, hasta que la Justicia decida sobre la demanda presentada por el Cabildo de Lanzarote, o las que pudieran presentarse por parte de las otras dos administraciones”, subrayó el presidente.
En esta línea, Pedro San Ginés se muestra “esperanzado” respecto al resultado que pudiera darse de la acción judicial emprendida y señala que los servicios jurídicos de la Institución han encontrado jurisprudencia similar “avalada hasta en 20 sentencias anulatorias por convalidación de actos ya declarados nulos”.
Asimismo, confirma que desde las instituciones públicas se llevarán a ejecución diferentes iniciativas al Pleno de la Cámara del Senado, al Parlamento Español, al Parlamento Europeo y allá donde sea preciso y esté al alcance de las administraciones para parar las prospecciones”.
Al frente social iniciado, y que en Lanzarote se saldó con una multitudinaria y sin precedentes manifestación de la población insular con más de 25.000 personas (según la policía local de Arrecife), se suma ahora el frente jurídico contra las intenciones del Estado y el frente institucional, para lo cuál -anuncia San Ginés- “se creará un gabinete de crisis técnico formado, en principio, por los dos Cabildos y el Gobierno de Canarias”.
