El Cabildo de Gran Canaria estudia poner en marcha medidas judiciales contra el Gobierno de Canarias por incumplir el plazo de abono de las cantidades correspondientes a la institución insular y a los ayuntamientos por el concepto de financiación local, y que asciende a más de 25 millones de euros. El presidente de la primera corporación de la Isla, José Miguel Pérez, aseguró que este retraso incumple una Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, que fija antes del día 5 de cada mes para hcer efetivos esos ingresos.
Pérez señaló que este retraso podría explicar la postura del Gobierno de Canarias en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el sentido de plantear una actitud muy crítica con la Administración estatal. "Ahora entiendo la estrategia de [el presidente autonómico] Paulino Rivero de enfrentarse a Madrid", señaló el máximo dirigente grancanario, que sospecha que el Ejecutivo es "un pozo sin fondo" en materia económica.
El presidente del Cabildo justificó la amenaza de emprender medidas judiciales contra el Ejecutivo en que "ni siquiera podemos elaborar nuestro presupuesto" al no contar con un ingreso cifrado en más de 15 millones de euros para la institución insular, y por encima de nueve millones más para los ayuntamientos de la Isla. Con todo, Pérez deposita sus esperanzas en un encuentro a mantener a finales de esta semana entre el presidente Rivero y los presidentes de los siete cabildos.
