El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó este lunes, con los votos a favor del grupo de Gobierno y del PPM, la abstención del grupo mixto y el voto en contra del PP, el contenido de una moción por la que se apoya las reivindicaciones de los ayuntamientos de Fuerteventura en todos los extremos de su escrito dirigido Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España en relación con la referida ‘Consulta en la evaluación de impacto ambiental del proyecto PERFORACIÓN DE SONDEOS EXPLORATORIOS EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADOS CANARIAS 1 A 9’, de fecha 22 de febrero de 2013.
Los ayuntamientos majoreros, explica el Cabildo en nota de prensa, coinciden en solicitar la suspensión definitiva de todo el proceso y, para el caso de que siga adelante con la tramitación despreciando al opinión de las instituciones majoreras, advierten que es necesario ampliar sustancialmente los plazos concedidos, porque estamos hablando de instituciones, colectivos científicos y ecologista que carecen de los recursos necesarios para realizar un análisis en profundidad con la premura planteada.
También es imprescindible que todos los ayuntamientos, todos los Cabildos canarios, los consejos insulares de aguas de las dos islas orientales, las entidades públicas dedicadas a la producción y distribución de agua desalada, colectivos sociales, turísticos, ecologistas, vecinales y empresariales de las dos islas orientales tengan acceso libre a todo este proceso.
A través de este acuerdo, el Cabildo de Fuerteventura ofrecerá su colaboración a los ayuntamientos y a cuantas entidades, colectivos y particulares lo soliciten, en la defensa de las posiciones apuntadas con este proceso de Consulta, aportando la documentación y facilitando las gestiones que sean necesarias.
El Cabildo de Fuerteventura se reafirma en todos sus extremos en la oposición clara y contundente a estos proyectos de hidrocarburos y reitera, por décima vez su invitación al presidente del Gobierno de España a visitar la isla, reunirse con todas las partes interesadas y planificar acciones conjuntas relacionadas con proyectos de energías renovables y alejadas definitivamente de perforaciones en busca de hidrocarburos en nuestras aguas.
Exposición
El Consejo de Ministros del Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Canarias-1", "Canarias-2", "Canarias-3", "Canarias-4", "Canarias-5", "Canarias-6", "Canarias-7", "Canarias-8" y "Canarias-9"1.
Como explica la exposición de motivos del Real Decreto 547/2012, los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9 situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, fueron otorgados a la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., por Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre.
De acuerdo con la Orden ECO/845/2003, de 21 de marzo3, la titularidad actual del permiso corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., Woodside Energy Iberia, S.A., y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente, actuando la primera de ellas como operadora.
La sentencia de 24 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se resolvieron los recursos contencioso-administrativos 39/2001 y 40/20014 contra el mencionado Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, anuló los compromisos y programas de investigación especificados en los apartados c y d del artículo 2 de dicho real decreto, correspondientes a los años tercero a sexto, por no haberse determinado expresamente las medidas de protección medioambiental a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos .
La Administración General del Estado, amparándose en la facultad de convalidación de los actos anulables establecida en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha convalidado el anulado Real Decreto 1462/2001, añadiendo un nuevo artículo denominado «2 bis. Medidas de protección medioambientales» pretendiendo con ello dar cumplimiento al artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, e integrando además las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Así mismo, se introducen determinadas modificaciones en el artículo 2 que flexibilizan en programa de trabajos pero no constituye en ningún caso una modificación relevante al mantenerse invariables tanto las obligaciones materiales como las inversiones.
En el ámbito nacional frente al mencionado Real Decreto 547/2012 se han interpuesto sendos recursos contenciosos administrativos del Gobierno de Canarias, de los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y de diversas ONG, sindicatos y organizaciones medioambientales.
En el ámbito de la Unión Europea se han presentado ante la Comisión Europea sendas denuncias de las citadas Autoridades autonómicas e insulares en relación a los incumplimientos del Derecho ambiental y del mercado interior en energético de la Unión Europea, así como de diversas ONG ambientales.
En febrero de 2013, Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. como entidad operadora de los permisos de investigación Canarias 1 a 9 ha iniciado la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de la hasta ahora única campaña de sondeos con un documento inicial al amparo del artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008.
Acceso restringido
El inicio de esta tramitación se ha realizado consultando sólo a una selección de entidades y colectivos elegidas por el Ministerio, sin permitir abrir el proceso a cualquier ciudadanos, colectivos o institución que quisiera tomar parte.
Ante ello, los ayuntamientos de Fuerteventura han dirigido una serie de escritos a la Subdireccción General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España en relación con la referida ‘Consulta en la evaluación de impacto ambiental del proyecto PERFORACIÓN DE SONDEOS EXPLORATORIOS EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADOS CANARIAS 1 A 9’, de fecha 22 de febrero de 2013, advirtiendo que todos los ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote, los Cabildos de las dos islas, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y múltiples colectivos profesionales, sociales, ecologistas, científicos y vecinales han manifestado de forma reiterada su firme oposición a la realización de estos proyectos, reclamando de forma clara y contundente su suspensión definitiva.
Los ayuntamientos también han recordado en estos escritos que el Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con otras instituciones y colectivos ha presentado diversas iniciativas de oposición a estos proyectos en el ámbito de las instituciones europeas y ante el propio Tribunal Supremo de España, actualmente en trámite, por lo que consideran que cualquier tramitación administrativa al respecto debe suspenderse de forma inmediata.
Consideran además que preocupación social e institucional en Canarias demuestra que nos estamos enfrentando a uno de los asuntos más trascendentales de nuestra historia y ante el que consideramos que el proceso de consultas abierto es claramente insuficiente.
