Fotos: Dory Hernández.
Insólito pero cierto. Por primera vez en varios meses todos los grupos políticos representados en el Cabildo insular, gobierno y oposición, se han puesto de acuerdo para desarrollar acciones conjuntas. En concreto, los partidos políticos han acordado por unanimidad requerir “con carácter inmediato” al alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que en el plazo de diez días remita a la Primera Institución el expediente administrativo, con todos sus antecedentes y documentos, relativo a la licencia otorgada recientemente a la empresa Residencial Costa Roja, para la construcción de 1.080 viviendas residenciales y 220 locales comerciales en Playa Blanca.
Hicieron falta apenas diez minutos para que todos los grupos políticos (CC-PSOE-PIL-PP y AC), los mismos que habitualmente discrepan en la mayoría de los asuntos tratados por el pleno, coincidieran en la puesta en marcha de esta medida. Una opción con la que persiguen ante todo recabar la mayor información posible para que los servicios jurídicos del Cabildo estudien qué tipos de medidas se debe tomar contra el Consistorio sureño y sus responsables por la concesión de nuevas licencias urbanísticas, precisamente en un periodo en el que, por decisión plenaria, se mantiene suspendido de forma cautelar cualquier tipo de permisos en esta materia.
La Corporación al completo entiende que podrían existir indicios de criminalidad en las acciones del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que otorgó la autorización “sabiendo que va contra el modelo de crecimiento y desarrollo que queremos para la Isla y de una manera aislada y oscurantista”, como apuntó la presidenta, Inés Rojas, durante el transcurso de la sesión plenaria.
De comprobarse estos supuestos, el acuerdo alcanzado por unanimidad de todos los partidos es el de interponer las acciones penales correspondientes. En este sentido, se baraja la posibilidad tanto de subrogar competencias al Ayuntamiento como emprender acciones penales contra el primer edil. “El Cabildo de Lanzarote manifiesta su firme e indeclinable propósito de ejercer todas las acciones a su alcance para que se cumpla escrupulosamente la legalidad y la ordenación territorial y urbanística de aplicación”, apunta el acuerdo firmado, y con el que se ratifican los compromisos adquiridos el pasado martes por la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial.
Acciones penales
Además, siempre según el convenio establecido entre los partidos representados en el Cabildo, los Servicios Jurídicos también tendrán que pronunciarse sobre “la posibilidad legal de proponer o adoptar medidas excepcionales de subrogación de las competencias urbanísticas municipales del Ayuntamiento de Yaiza”, dados los incumplimientos de las leyes y normas vigentes respecto a la ordenación territorial de la isla, así como la ocultación de información y licencias otorgadas, pese a que hay sentencias judiciales que obligan al Consistorio sureño a dar cuenta de ellas al Cabildo. Así, “si a la vista de la información que obre en poder del Cabildo, se observan indicios racionales de criminalidad, en cuyo caso el Cabildo de Lanzarote interpondrá las acciones penales correspondientes”.
Como es lógico, la aprobación de este acuerdo fue acogido con satisfacción por todos los presentes, quienes expresaron su deseo de mantener la política de contención del crecimiento que se viene desarrollando. En este sentido, el consejero socialista Carlos Espino, anteriormente responsable del área de Política Territorial, apuntó su satisfacción por este acuerdo y realizó un llamamiento para que esta acción no se tome como arma electoral.
Por su parte, el consejero de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, Pedro Hernández, indicó que estas acciones también se deben tomar en el Ayuntamiento de Teguise, donde a su juicio “también se vienen cometiendo irregularidades urbanísticas”. Asimismo, Hernández exigió un estudio sobre la compatibilidad entre la dirección de la defensa de las cuestiones del territorio en el Cabildo y la dirección de la empresa inmobiliaria Algol con la que el Consistorio de La Villa ha establecido convenios para la cesión de suelo.
