Fotos: Dory Hernández
El Cabildo aprobó este viernes la creación del Consorcio de Seguridad y Emergencia con la abstención del Partido Popular (PP) y el resto de la oposición en contra. Un total de 11 votos a favor y 8 en contra hicieron posible que a partir de ahora las alegaciones vayan a publicación. La oposición recriminó al Gobierno que en la pasada Comisión informativa se entregase la documentación al final de la reunión y que se elaborase un documento no consensuado con los bomberos. Los ayuntamientos, por su parte, decidirán en sus respectivos plenos si desean adherirse o no.
Con anterioridad a la propuesta del PIL de dejar este asunto "sobre la mesa", propuesta infructuosa, la consejera del PP Astrid Pérez, portavoz de la formación conservadora ante la ausencia de Francisco Cabrera, confesó que se encontraba “absolutamente en contra” del procedimiento gubernamental porque en un primer momento entendió que este asunto se había consensuado con los bomberos.
La oposición preguntó al consejero del Plan Insular de Seguridad, Juan Pedro Hernández, asuntos tales como las atribuciones del gerente (se habló más de 6 millones de euros), la posibilidad de que se integren empresas privadas o si es cierto que van a existir distintas sedes en determinados puntos de la Isla. Hernández respondió que desconoce ciertas “cuestiones técnicas” de este consorcio gestionado además por el Gobierno canario y que sería la propia entidad la que decidiera, en todo caso, si debían integrase empresas privadas, que pueden existir sedes en algunos extremos de la Isla y ante todo recalcó que la seguridad tiene que ver con la protección civil.
Los bomberos, que asistieron al acto, se mostraron indignados con el voto de Astrid Pérez e inmediatamente después de aprobarse el punto abandonaron la sesión. En este sentido, su portavoz, Andrés Pérez, aseguró que la actitud de la consejera “demuestra que hay un pacto entre el grupo de gobierno y el PP porque como dijo Astrid no se entiende que no se haya estudiado en las comisiones informativas, que esté en el aire, que se debe dejar pasa otro pleno”.
Los bomberos reivindican 8 plazas en 2006 y 4 en 2007 y en 2008 si el Consorcio no se hacía realidad con anterioridad a 2006. En relación a este asunto, Pérez explicó a este medio que “se están mirando los mecanismos legales de esas plazas y a ellas no renunciaremos nunca: necesitamos 170 bomberos y sólo hay 20, nos conformamos con la mitad” para luego añadir que no le “coge por soprpresa” que se haya aprobado unos estatutos y que “el consejero haya demostrado que no los conoce”.
Por otro lado, existió unanimidad en torno a la construcción de un almacén para Adislan, la Residencia de Enfermos Mentales y un Centro para Menores con Medidas Judiciales en la localidad de Tahíche.
En este asunto también se necesita del acuerdo plenario de Teguise. Se trata de un suelo que existe en Tahíche, una parcela que pertenece al Cabildo, y cuya primera piedra se colocó hace siete años. La presidenta del Cabildo, Inés Rojas, explicó que se trata de que con el PIOT no era posible el suelo sociosanitario, por lo que se propuso a la COTMAC poder construirlo.
El consejero de acienda, Luis Arraez, mostró su satisfacción a Crónicas de que la COTMAC haya dado el visto bueno para que se pueda construir en la zona.
“No se ha construido hasta el día de hoy con el argumento de que el suelo tiene la categoría de suelo rústico de protección territorial, no urbanizable, y para pasar a otra categoría es necesario una aprobación del PIOT, luego a la COTMAC y que esta lo apruebe definitivamente; la cárcel se está haciendo en un suelo rústico de protección territorial porque que sepamos se está cometiendo la ampliación”, aseguró por su parte el consejero Pedro Hernández.
En cuanto a las alegaciones, Juan Pedro Hernández aseguró durante su intervención que fueron recogidas las de n total de tres colectivos y que de unos se escogieron el 80% y de otros el 100%.
Los bomberos entienden que no se pueden integrar voluntarios a este cuerpo porque "es una profesión digna que requiere de especialización", aseguró su portavoz.
Acuerdo para que la Agencia de Protección del Medio Natural deje sin efecto momentáneamente las sanciones que ha impuesto a los camelleros de Uga
El Pleno acordó que la Agencia de Protección del Medio Natural deje sin efecto momentáneamente las sanciones que ha impuesto a los camelleros de Uga, que han ubicado los corrales en un suelo rústico sin calificación para construir. El consejero de Hacienda, Luis Arraez, expuso a Crónicas que “hace años que se está tramitando un expediente para que en esa zona se puedan construir los corrales y está a punto de culminar el procedimiento, por eso se ha pedido, y le ha dado el visto bueno la COTMAC para que se suspendan las sanciones impuestas a estos ganaderos”.
MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA
