Algo extraño sucede con el Juzgado Número 5 de Arrecife o algo raro tiene el caso Unión. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido relevar a la actual magistrada que instruye el llamado caso Unión, María Jesús Hernández, Elvira, por otro juez, con lo que ya son cinco los magistrados que han pasado por una causa que inició Romero Pamparacuatro, en comisión de servicios y trasladado hasta la isla de Tenerife.
Según ha podido saber este medio, la decisión del CGPJ se ha producido a pesar de las reticencias recientes mostradas por la propia Fiscalía hacia dicho relevo. Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial decidía revocar el pasado 19 de abril de 2011 la comisión de servicios otorgada al juez César Romero Pamparacuatro para continuar con el caso Unión, a pesar de que había hasta seis informes favorables a su continuidad y ninguno en contra.
Previamente el Ministerio de Justicia rechazó un juez de apoyo para la investigación, a pesar de que lo apoyaba el CGPJ. Ese rechazo se ha repetido de nuevo con la nueva juez titular del caso, y antes de ella estuvo también dirigiendo las diligencias la magistrada María Lucía Barrancos. Además, entre Pamparacuatro y Barrancos se produjo también una sustitución provisional que pronto tuvo que ser resarcida.
Los recursos contra varias de las resoluciones relacionadas con una de las últimas piezas de la causa han sido resueltos por la titular del Juzgado Número 5 saliente, María Eugenia Hernández Elvira. María Lucía Barrancos, que se estuvo dedicando en exclusiva a este caso durante el ejercicio 2011, dejó el caso en septiembre de 2012 para marcharse a Durango, su nuevo destino.
Lo último que ha hecho la jueza que hasta ahora instruía la operación Unión, María Jesús Hernández Elvira, ha sido retirarle al arquitecto Carlos Morales las imputaciones por un delito contra la ordenación del territorio y otro de inducción a la prevaricación administrativa del exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes relacionados con las obras de construcción de su chalé familiar de tres plantas en la lujosa urbanización de Puerto Calero. Sin embargo, ha mantenido en esta causa separada de Unión la acusación de un delito de prevaricación contra Reyes, quien otorgó en 2005 la licencia de edificación del inmueble, a pesar de contar con informes técnicos que advertían de su ilegalidad.
Cinco jueces desde 2008
El ‘caso Unión’ se inició judicialmente el 5 de junio de 2008. Ese día se abrieron las diligencias previas 697/2008 por la comisión de delitos contra la administración pública. Casi cinco años después y tras el paso de cuatro jueces por la misma causa instruida, el caso se ha dividido ya en al menos unas 16 piezas diferentes y la mayor parte del sumario, incluso con el reciente levantamiento de la pieza que gira en torno a los posibles delitos que se imputan a miembros del PIL, aún permanece bajo secreto de sumario.
El primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, ya inició seis piezas separadas, cinco de ellas abiertas en el año 2009 y una en el año 2010. Hay dos piezas que ya están sobreseídas provisionalmente, por parte de la anterior jueza instructora, María Lucía Barrancos.
En diciembre de 2011, la propia Barrancos emitió cuatro autos por los que separaba otras cuatro piezas que no tenían relación con los hechos principales y que se derivaron a otros Juzgados. Entre enero y febrero de 2012 se acordó abrir otras tres piezas más, que también se repartieron a otros juzgados. Algunas de ellas están pendientes de la decisión de la Audiencia Provincial, que tendrá que acordar si las causas van a otros Juzgados o siguen en el Juzgado que instruye el caso Unión.
