El Ayuntamiento de Arrecife tiene la firme intención de demoler “cuanto antes” las naves declaradas en ruina con el decreto firmado en noviembre de 2007 por el entonces concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Antonio Hernández.
Fuentes municipales han asegurado a este diario que el Consistorio va a dar cumplimiento a la resolución del auto número 231/2008, con número de procedimiento 18/2008, con el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas notificó este lunes tanto a los propietarios del Islote del Francés como al Ayuntamiento la autorización para derribar dichas naves.
El Ayuntamiento no tendría más obstáculos que la tara económica que el derribo supone en sí, ya que el decreto de “ruina inminente” firmado el pasado 13 de noviembre de 2007 contempla que el coste estimado de la demolición ronda los 700.000 euros. El Consistorio no se enfrentará, si quiera, a la oposición al derribo que en principio manifestaron los propietarios del Islote del Francés, la familia Cortezo, puesto que éstos han manifestado a través del representante de 'Inversiones Islote del Francés S.L.', Jaime Cortezo, que no recurrirán dicha resolución.
Aclaración de la sentencia
Eso sí, el grupo de gobierno no quiere ni una sorpresa y ha anunciado que procederá al derribo justo después de que dicha Sala aclare los términos de la sentencia. “Vamos a solicitar una aclaración sobre la sentencia a la Sala 2 de Las Palmas, ya que no entendemos por aclarados ciertos términos. La sentencia manifiesta la autorización para proceder con el decreto pero luego, más adelante, lo desvirtúa en otra parte del texto”, explicó el concejal de Economía y Hacienda capitalino, José Miguel Rodríguez.
En concreto, la solicitud de aclaración ha sido remitida este mismo martes a los juzgados de Las Palmas. “En cuanto tengamos las conclusiones y estas aclaraciones, la intención del Ayuntamiento es proceder al derribo”, agregó.
La negativa a recurrir la resolución por parte de los Cortezo es, cuanto menos, contradictoria, pues en su día, Jaime Cortezo, que no opuso objeción alguna al decreto del Ayuntamiento de Arrecife, aclaraba que la orden de proceder al derribo de las naves no la iba a cumplir voluntariamente y, de hecho, interpuso un recurso potestativo de reposición ante el propio Consistorio, un paso previo a la vía contencioso administrativa por la que posteriormente se seguiría.
