El escrito del Fiscal sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife, desvelada este lunes por ACN Press, llega a señalar que la denuncia municipal “parece deberse más bien a criterios de oportunidad política o de otra naturaleza que al interés por ponerle fin”.
Se basa el Ministerio Fiscal en la poca colaboración prestada por el Ayuntamiento para su investigación a pesar de ser el impulsor de la denuncia y de que es el propio informe municipal el que concluye que los hechos se cometen con el consentimiento, asesoramiento y colaboración de sus propios funcionarios públicos.
Es más, el Ayuntamiento ni siquiera le señala al instructor la identidad de la persona que firmaba las licencias y la de quien estaba encargada de los cambios en el catastro en el año 2002. “A pesar de los reiterados intentos por este instructor de que el Ayuntamiento le dijera la identidad de dichas personas no se le ha querido contestar, sabiéndose su identidad”, se afirma.
El Ayuntamiento, a través de su secretaria accidental, contestó en 2007 respecto a la identidad de los funcionarios que tenían acceso a la base de datos del catastro que “no se puede informar toda vez que el encargado del catastro Martín Robayna Rodríguez (...) se encuentra en situación de excedencia voluntaria desde el 21 de septiembre de 2006”.
En excedencia
Respecto a esto, dice el fiscal que si el funcionario está en excedencia “sigue habiendo todavía funcionarios que deben conocerlos, sin ir más lejos, en el departamento de rentas o la propia alcaldesa [en referencia a María Isabel Déniz]”. La excedencia, por otra parte, coincide con la fecha de la denuncia del Ayuntamiento.
En el Ayuntamiento se hacía una “tramitación administrativa especialmente rápida en la Oficina técnica y en el catastro a través de la ayuda de funcionarios encargados de la gestión de dicha materia”, según el fiscal. En ocasiones la tramitación es tan diligente que “se olvidan de cobrar las tasas”.
Las investigaciones de la Fiscalía hablan de una trama con cooperación de funcionarios municipales dedicada a registrar fincas (que ya tienen dueño) a su nombre y modificar los linderos para comerciar con ellas. Se habla de hasta 53 movimientos de fincas y la posible implicación de funcionarios municipales, una notario, algún cargo público y otras personas.
