La Consejería de Educación no está dispuesta a ampliar las plazas de empleo público en Educación Infantil. Así se lo comunicó el Director General de Personal del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Hernández, a la Comisión de la Asamblea de afectados en la entrevista que mantuvieron este jueves con la intención de llegar a algún acuerdo.
Finalmente el consenso no ha sido posible, ya que la propuesta de los afectados choca frontalmente con la de la Consejería. Según Hernández, es inviable la ampliación de plazas hasta 250 más, como propusieron los afectados, ya que no existen recursos para afrontar este gasto.
Por su parte, el director general apuesta por mantener la anulación de las oposiciones mientras se revisa la documentación y por repetir la prueba oral, de la que parece que no existe ningún tipo de registro escrito.
Así lo explicaba tras la reunión, que se demoró durante varias horas, el portavoz de la Comisión, Manuel Marrero.
Según explicó a Crónicas, las negociaciones con la Consejería de Educación han finalizado con esta reunión, ya que no existe ninguna flexibilidad en la posición de Hernández sobre este asunto, y así se los hizo saber.
Por esta razón, la Comisión de la Asamblea de afectados se puso inmediatamente en contacto con la Consejería de Presidencia del Ejecutivo regional, para concretar una cita lo antes posible con el presidente autonómico, Paulino Rivero.
Pretenden así ser escuchados y llegar a alguna solución global que permita mantener la plaza a los aprobados y resarcir a los suspensos de forma irregular con la oportunidad de conseguir plaza. Para ello, piden que se oferten 250 nuevas plazas y que se evalúen de nuevo los exámenes por un tribunal diferente y con los criterios convenientes. Además, los afectados y el sindicato mayoritario de profesores, el Sindicato de Trabajadores de Educación de Canarias, esperan que se depuren responsabilidades en este asunto y tomarán las medidas oportunas para conseguirlo.
En este sentido, ya son muchos los opositores que se han puesto en manos de abogados para iniciar un contencioso administrativo en cuanto se publique una resolución definitiva en el Boletín Oficial de Canarias.
Por su parte, el Partido Socialista canario (PSC) se une a esta reivindicación y solicita públicamente a la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, que comparezca para dar explicaciones sobre el asunto.
Mientras tanto, los que ya habían obtenido plaza se incorporarán el lunes a las aulas como aspirantes a maestros en prácticas, con la incertidumbre de si tras el proceso de revisión, que finalizará previsiblemente en diciembre, tendrán que volver a las listas del paro.
Para evitar esto, el STEC se plantea presentar una solución conjunta y global en la línea de la presentada por los opositores y para conseguir que la acepten tomarán el próximo sábado las primeras determinaciones sobre posibles movilizaciones.
Irregularidades en el proceso
El problema de las oposiciones de Infantil surge con la detección en el proceso de evaluación de las pruebas de una serie de irregularidades, unas sospechas que surgieron al comprobar, por ejemplo, que había pruebas didácticas calificadas con 0 o el mismo número de suspendidos para las mismas pruebas en diferentes tribunales.
Como explicó Hernández a la Comisión de la Asamblea de afectados, el acta que siguieron los tribunales en la evaluación y la propia selección de sus miembros siguió criterios anormales. Este acta lo firma se emite a instancia de la propia Consejería a través de la Dirección General de Personal. Entre otras irregularidades, se fijaron cupos de aprobados e incluso de número de calificados por notas, se determinó que la nota del primer examen fuese la final y no existe ningún registro del examen oral.
Así, muchos afectados sospechan que la intención de estas medidas era la de perjudicar a los interinos, ya que entienden que son los que más posibilidades tienen de aprobar gracias al concurso de méritos.
Además, Marrero entiende que la propia Consejería ha “desprestigiado las oposiciones”, porque los miembros de los tribunales no eran personas con "una experiencia y un criterio docente probado", sino que incluso había algunos “que habían aprobado las oposiciones hace un par de años”.
Por todo esto, la propuesta del director general es la de revisar la documentación existente, que se seguirá recopilando hasta mediados de septiembre, por medio de un nuevo tribunal formado por menos miembros, cinco en cada provincia con 180 personas cada uno.
Esta revisión, más la repetición de la prueba oral y el concurso de méritos se estima que se cumpla entre octubre y noviembre, para poder otorgar las plazas definitivas en diciembre.
