viernes. 29.03.2024
Revela que personas cercanas a la alcaldesa habrían amenazado a integrantes de la patronal para que retirara la demanda contra Déniz por presunta prevaricación urbanística en Tenorio

Eduardo Álvarez asegura que su dimisión obedece a presuntas presiones del Ayuntamiento contra dirigentes de Aetur

No desvela quién realizó las amenazas ni a quiénes fueron dirigidas, pero cree probado que la alcaldesa beneficia descaradamente a Francisco Carmona, propietario en el Plan Parcial La Bufona, dueño de muchas naves de Tenorio y empleado de la Oficina Técnica del Ayuntamiento

- Álvarez asegura que con Gerardo Fontes esto no hubiera ocurrido en Aetur y califica de “chapuza” el Plan Territorial Especial (PTE) que la Consejería de Carlos Espino lleva meses preparando

FOTOS: DORY HERNÁNDEZ

Las presuntas amenazas desde el Ayuntamiento de Arrecife contra los intereses personales de varios directivos de la Federación empresarial Aetur, para que se retirara una demanda por supuesta prevaricación contra la alcaldesa, han propiciado la dimisión irrevocable de Eduardo Álvarez al frente de la Asociación de Empresarios del Ocio Turístico de Lanzarote.

Así lo ha explicado esta mañana en Costa Teguise el conocido empresario y principal impulsor de la imputación que la Fiscalía atribuye a María Isabel Déniz por presunta prevaricación urbanística en las naves de la barriada de Tenorio.

Eduardo Álvarez, presidente del parque Industrial Arrecife Puerto, demandó en enero de 2004 a la alcaldesa y al concejal de Actividades Clasificadas, Eugenio Hernández, por permitir que las naves de Tenorio siguieran funcionando sin que dicho suelo, hoy día clasificado aún como rústico, estuviera ni siquiera registrado.

Dos años después el Consistorio va a ponerse manos a la obra, pero ello no exime a los representantes municipales del presunto delito de prevaricación administrativa, y más teniendo en cuenta sus reiteradas solicitudes por que el Ayuntamiento normalizase la situación del parque industrial.

Según el empresario, “no era justo que a los empresarios del Arrecife Puerto se nos obligara desde el Ayuntamiento a normalizar nuestra actividad, afrontando múltiples inversiones, pero no tener el mismo rasero con los empresarios de Tenorio”, dijo. Prueba de las precarias condiciones y de la “ilegalidad” de la actividad desarrollada en dicha zona, a su juicio, fue el incendio registrado hace algunas semanas en varias naves de madera.

“Estas naves pueden ser muy antiguas, pero son ilegales, no pueden tener agua ni luz porque no están registradas. El Ayuntamiento tendría que haberlas cerrado directamente, sin ni siquiera la opción de abrir un expediente”, dijo.

La alcaldesa ha alegado su condición de parlamentaria para que el Juzgado Número 4 de Arrecife traslade el expediente al Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC), según Álvarez, sólo para ganar tiempo. “Si tanta seguridad tiene en que todas sus actuaciones se han basado en informes técnicos, ¿por qué utiliza su condición de aforada? A mí personalmente me daría igual que me juzgaran en uno u otro sitio si soy inocente y no tengo nada que ocultar", agregó.

“Si en las próximas elecciones no se presenta como parlamentaria perderá esa condición, con lo que habrá que volver a trasladar el caso del Tribunal Superior hasta Arrecife y, con ello, un proceso relativamente corto se dilatará mucho más en el tiempo”, explicó.

El empresario no ha desvelado los nombres de los miembros de Aetur presuntamente amenazados por personas cercanas a María Isabel Déniz, pero sí cree que desde el Ayuntamiento se está beneficiando descaradamente a Francisco Carmona, uno de los propietarios del Plan Parcial La Bufona -en el que se produjo recientemente la primera imputación, también por presunta prevaricación, contra la alcaldesa-, dueño de muchas naves de Tenorio y empleado de la Oficina Técnica del Ayuntamiento.

Además, ha asegurado que el abogado de María Isabel Déniz en este proceso es el ex secretario de la Corporación capitalina, Felipe Fernández Camero.

“No creo que los políticos deban favorecer a determinados empresarios, y máxime cuando se les está dejando patente que son ilegales, pero sí apoyar la labor de los empresarios que actúan dentro de la legalidad”, afirmó en referencia a la relación del Plan Parcial Tenorio con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife.

En este sentido, el pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobó la pasada semana el inicio del expediente de contratación del Plan Parcial de la barriada de Tenorio, lo que supondrá el pago de 30.000 euros más a los redactores del Plan General de Arrecife, alcanzando la suma total que percibirá el equipo los 198.000 euros.

Las presuntas presiones

Sin embargo, ha precisado que le ha decepcionado mucho la actitud de la directiva de Aetur, de la que esperaba más implicación. “Sé que no era un tema que les tocara afrontar como empresarios turísticos, pero aceptaron mi dimisión sin más, y me dieron las gracias por no permitir que Aetur, sus directivos o sus intereses personales se vieran perjudicados por esta acción legal”, aseguró.

Aunque últimamente reconoce que ha oído rumores que señalan que dichas presiones y amenazas no han existido y que todo podría partir de una estrategia como arma arrojadiza para que finalmente retire la mencionada demanda, Álvarez asegura que de confirmarse este extremo se sentirá libre para desvelar los nombres de los empresarios presuntamente advertidos desde el Ayuntamiento.

Además, ha insistido en que no piensa retirar su demanda contra Déniz y Hernández, cuya ratificación ha sido recientemente ratificada. “Temo que la imputación que ahora hace la Fiscalía pierda fuerza si el principal actor, que soy yo, se retira de la misma”, afirmó.

Álvarez ha desmentido que hubiera abandonado sus tareas en la asociación empresarial de Ocio turístico por motivos políticos, personales o de otra índole, sino simplemente -ha asegurado- porque considera que sus acciones legales emprendidas como presidente del Parque Industrial Arrecife Puerto no deben afectar a la cúpula de dirigentes de Aetur.

Dos apuntes más

Álvarez ha asegurado que con Gerardo Fontes, ex presidente de la federación turística, esto no hubiera ocurrido en Aetur y, por otra parte, el hasta hace dos días presidente de los empresarios del ocio turístico de la Isla ha calificado de “chapuza” el Plan Territorial Especial que la Consejería de Carlos Espino lleva meses preparando.

No se puede secuestrar, según sus palabras, el ocio turístico complementario y debatir sobre su inclusión o no, dentro de un documento que, precisamente, persigue dotar a Lanzarote de eso, de ocio turístico.

Hasta que no se celebren nuevas elecciones en la Asociación presidida hasta ahora por Álvarez, por otra parte gran impulsor del nuevo acuario de Costa Teguise, la presidencia será ocupada de manera interina por Manuel Suárez, hasta ahora vicepresidente de la Asociación.

Dos imputaciones por prevaricación

Cabe recordar en este punto que Gonzalo Murillo, uno de los propietarios del Plan Parcial La Bufona, mantiene una denuncia contra la alcaldesa por beneficiar presuntamente a Francisco Carmona, empleado de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, a quien Murillo acusa a su vez de ser juez y parte al ser el propietario también del Plan Parcial La Bufona y del de Maneje V -este último con mil viviendas-.

Según Murillo, Carmona le debe más de 700.000 euros desde hace 7 años al Ayuntamiento en la cesión de terrenos públicos, y “nunca ha pagado impuestos que al resto de ciudadanos se les cobra”.

Murillo acusa también a los socialistas de apoyar ahora un Plan General que siempre criticaron, y asegura que ahora “tragan” porque el secretario general del PSC-PSOE en Lanzarote, Manuel Fajardo, es el abogado de Carmona.

Esta supuesta incompatibilidad de las funciones pública y privada por parte del líder socialista provocaron incluso que en su día el Colegio de Abogados de Lanzarote instruyera diligencias previas y abriera a Fajardo un expediente aún no cerrado.

Eduardo Álvarez asegura que su dimisión obedece a presuntas presiones del Ayuntamiento...
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