Por Fernando Gómez Aguilera
Hace año y medio, el Cabildo de Lanzarote inició la tramitación del expediente de declaración del edificio de El Mercadillo como Bien de Interés Cultural (BIC). El antiguo casino de Arrecife constituye el último edificio de la calle Real con valores relevantes para ser sustantivamente protegido, para considerarlo BIC, una vez así declarados la casa Cabildo y la fachada de Segarra (y, en las proximidades, la casa de los Arroyo, la Iglesia de San Ginés y el Castillo de San Gabriel). Su valor histórico, cultural, social y, en definitiva, comunitario, aconsejan su salvaguarda, en el contexto de un patrimonio arquitectónico civil insular maltratado reiteradamente por la desidia administrativa y el furor inmobiliario. Una tendencia que, prácticamente, ha disuelto la sensibilidad hacia la memoria física de la ciudad, encauzando un comportamiento paradójico que oscila entre la sublimación de una identidad tan pulverizada por el dinero como artificialmente recompuesta y la sistemática agresión contemporánea a los vestigios del pasado, desasistidos de políticas eficientes que logren conciliar el interés general con la protección de los derechos e intereses legítimos de los propietarios. Visto en la perspectiva histórica, un auténtico error sistemático que ha cristalizado en un verdadero desastre incívico.
En este contexto de pérdidas y dilapidaciones, el reducido pero simbólico conjunto monumental en torno a la calle Real, del que debe formar parte El Mercadillo, constituye un imprescindible relámpago de memoria entre las ruinas del olvido y la dejación que ha triturado la identidad sociohistórica de Arrecife. Un hecho que obliga a las Administraciones a su preservación y puesta en valor, a pesar de que la propiedad recaiga hoy en un conocido empresario turístico e inmobiliario, Juan Francisco Rosa, que no muestra interés altruista en conservarlo, antes al contrario, según se desprende de las destempladas alegaciones (en las que incluso alude nada pacíficamente a mi persona) que, mal asesorado, presentó al Cabildo el 9 de enero del presente año, rechazando la incoación de expediente dispuesta para hacer efectivo el BIC.
A día de hoy, el laborioso e intenso proceso seguido para hacer efectiva la protección patrimonial de El Mercadillo está en su fase de culminación. El expediente de tramitación cuenta con el informe favorable de la Unidad de Patrimonio del Cabildo, ha superado la Ponencia Técnica (que ha avalado los valores patrimoniales y la consiguiente protección) y tiene el visto bueno del Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. Ha cumplido, pues, todos los requisitos preceptivos de los pertinentes órganos técnicos. Así las cosas, el pasado jueves llegó a la Secretaría General Técnica para que ésta, a su vez, lo eleve al Consejo de Gobierno de Canarias, donde tendría que aprobarse el próximo martes día 13 del mes en curso, so pena de que todo se vaya al traste.
El proceso no puede dilatarse más. Ha transcurrido más de un año desde que se iniciara la protección efectiva por inicio de expediente, y la tramitación ha sufrido ya una denuncia de mora por la propiedad, que, entre unas cosas y otras, obliga a la Administración a resolver antes del próximo día 13. ¿Qué ocurriría, improbablemente, claro, pues todos los documentos técnicos ratifican la pertinencia de declarar El Mercadillo Bien de Interés Cultural, si el Consejo de Gobierno, por un lapsus o por desbordamiento de agenda o por distracción, no lo aprueba, lo deja sobre la mesa sin verlo, sin atenderlo, sin mirarlo, sin hacer bueno el proceso técnico garantista del interés general? Digo por exceso de trabajo o, pongamos, no lo trata, no lo aprueba por... humano despiste, por flaqueza o por debilidad. No lo aprueba y, de facto, lo reclasifica por la vía de la inhibición. ¿Qué ocurriría en ese improbable caso, una anomalía escandalosa? ¿Suscitaría infundadas o no sospechas de connivencia entre dinero y política, entre poder económico y subalternos políticos?
Pues ocurriría que el expediente caducaría y El Mercadillo dejaría de ser El Mercadillo tal y como hoy lo conocemos, tomando el camino de las alturas añadidas, o sea, las plusvalías en cualquiera de sus versiones y, en última instancia, el cambio de naturaleza del edificio. Y ocurriría que el Gobierno, ay el Gobierno, lo que ocurriría... ¿Qué dirá entonces la margarita deshojada del Consejo de Gobierno? No me cabe duda de lo que concluirá: seguirá el criterio técnico y sancionará el procedimiento, los argumentos y las conclusiones de Patrimonio del Cabildo Insular, de la Ponencia Técnica, del Consejo de Patrimonio Histórico y de la Secretaría General Técnica. El Gobierno defenderá el valor patrimonial de El Mercadillo por encima de cualquier sospecha especulativa, de favoritismo, de presión o de desviación del poder. El Consejo de Gobierno, que sabe lo que hay, evitará cualquier discrecionalidad, cualquier arbitrariedad.
El Gobierno no dará que hablar a los malpensados de siempre y cumplirá con lo que tiene que hacer, con lo que le viene dicho y avalado por las distintas instancias e informes técnicos. El Consejo de Gobierno se comportará cabal, ejemplarmente, por el bien del patrimonio histórico de Arrecife y porque, como políticos expertos, todos ellos son conscientes, y, mucho más en caso tan señalado por ser vos quien sois, de que, bajo vigilancia o de natural, no van a consentir, ni por asomo, el desliz de darle cuerpo y vía libre a la célebre ecuación de Klitgaard sobre la corrupción, a saber: Corrupción = Monopolio + Arbitrariedad - Transparencia (Control).
Seguro: lo hará así el Gobierno, sin sombra de duda, en este señalado caso, siguiendo el imprescindible código de buenas prácticas que tanto necesita nuestra vida pública. Lo hará así, sin vacilación, para que la desconfianza ciudadana no siga alimentando las nutridas listas de abstención electoral en Lanzarote. Lo hará así para dejar sin efecto canario la denuncia de “capitalismo de casino” aplicado a la política que, con tanta brillantez como verdad, ha expuesto Joan Romero, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia: aquel comportamiento en que los proyectos de urbanización y construcción “responden a acuerdos previos, legitimados legalmente a posteriori, entre promotores y representantes políticos locales o regionales en conversaciones privadas. Aquel en el que los intereses generales son orillados o ignorados. Aquel en el que el territorio es entendido tan sólo como activo financiero y como recurso explotable y no como referente identitario y cultural, como bien público, como espacio de solidaridad y como legado [...] Aquel en el que la discrecionalidad prevalece sobre la seguridad y la participación democrática de todos los actores implicados y afectados [...] Aquel en el que la política territorial sigue al dinero, y no al revés, como debe ocurrir en democracia. Aquel en el que el territorio se consume a grandes bocados dispersos, con el resultado final de centenares de actuaciones tan incoherentes e irracionales como insostenibles. Aquel en el que se insiste en crecimiento y no en desarrollo, en cantidad y no en calidad”. Seguro: el Consejo de Gobierno va a hacer lo que tiene que hacer siguiendo los informes técnicos que estarán el día 13 de junio sobre su mesa: trasladarnos a los ciudadanos seguridad, equidad y garantías democráticas, y proteger el patrimonio declarando El Mercadillo Bien de Interés Cultural.
