Fotos: Dory Hernández.
Dos de los tres técnicos de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) -el tercero va a declarar el miércoles- implicados en el expediente de contratación de la compañía pública con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Servicios y Procesos Ambientales S.A., comparecieron ayer ante la Comisión Disciplinaria de la entidad pública.
El objetivo del encuentro, en el que participaron representantes del Comité de Empresa, el gerente de la sociedad y el vicepresidente primero del Cabildo, Manuel Fajardo, no fue otro que dilucidar el papel jugado por los técnicos, a fin de evitar las “importantes consecuencias de tipo administrativo” que advirtieron los expertos que forman la comisión jurídico-técnica creada por el Consejo de Administración de Inalsa para investigar este polémico caso. Un espinoso asunto que ha derivado en el laudo dictado por la Cámara de Comercio de Las Palmas y que condena a la empresa a pagar 10 millones de euros por incumplimiento del contrato suscrito con una firma privada para construir la planta desaladora Inalsa Sur (Janubio).
Y es que según este órgano existieron “notables irregularidades en la tramitación y selección de la entidad constructora”, algo que ahora se intenta resolver.
De lo transcendido tras el encuentro, que se prolongó durante más tres horas a lo largo de la mañana de ayer, se sabe que además de los dos técnicos que intervinieron en la jornada serán llamadas a testificar “otras muchas personas” entre funcionarios y cargos públicos que estuvieron relacionados con Inalsa en la época de la firma con la UTE, tal y como aseguró el vicepresidente primero del Cabildo, Manuel Fajardo, máximo responsable de la Comisión Disciplinaria.
Satisfacción en el Comité de Empresa
Los trabajadores de Inalsa, por su parte, manifestaron su satisfacción por el encuentro, ya que según fuentes cercanas a la plantilla supone el primer paso hacia un ejercicio de transparencia que habían solicitado al Cabildo. Y es que para los trabajadores resulta fundamental que se aclaren los detalles de este caso y se depuren responsabilidades tanto en el terreno político como “en el de los propios técnicos”. De hecho, aseguran que tienen especial interés en que se aclare este extremo.
La plantilla de empleados de Inalsa pide también que se explique por qué el consejero delegado del área, Mario Pérez, mantuvo “tanto secretismo” en torno a un asunto que “se sabía que existía”, sobre todo cuando, como informa la misma fuente, los “representantes de la UTE habían remitido varios escritos a Inalsa que se guardaron en los cajones hasta ahora”. Los trabajadores de Inalsa consideran que se pone en riesgo el futuro de la empresa y de los ciudadanos “siempre los principales afectados de una mala gestión”.
Por otro lado, y relacionado con este caso en días próximos quedará constituida la comisión de investigación que, a petición del Partido Popular, se llevará a cabo tal y como quedó establecido por un acuerdo plenario. Con la constitución de este órgano investigador, en el que participarán todos los grupos políticos representados en la Corporación insular, se busca “dirimir las responsabilidades políticas que pudieran existir a lo largo de este tiempo”, y que han culminado en el laudo dictado por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas que condena a la empresa pública a un pago millonario.
