Dimas Martín está de nuevo en la calle, después de haber recibido un permiso carcelario de siete días, según han informado a este diario fuentes del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
La salida del líder de los independientes, que se produjo este jueves por la noche según fuentes penitenciarias, ha coincidido con la retirada por parte de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, de la polémica moción con la que pretendía obtener el apoyo del Pleno que preside para avalar la iniciativa de buscar vías de solución a los establecimientos alojativos de Playa Blanca que se encuentran en situación irregular. También ha coincidido con el rapapolvo echado por la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, contra la propia Gladys Acuña y contra el propio PIL por llevar a pleno esta iniciativa, en un escrito que, según las mismas fuentes consultadas, no ha sentado nada bien a los independientes.
De hecho, parece que se ha producido una reunión de urgencia en el seno del PIL para analizar la difícil relación de convivencia con sus actuales socios de gobierno.
Como ya adelantó en primicia este diario, Dimas Martín ingresó el pasado 4 de agosto en prisión sabiendo ya que no volvería a salir como consecuencia de la aplicación de la sentencia que retiraba su tercer grado.
Como se recordará, la sentencia de la Audiencia que dio un giro copernicano a su caso es firme, por lo que no cabían en principio más recursos que los propios del régimen interno penitenciario. Así, ya en mayo se anunció que Martín tendría que volver a Tahíche y permanecer allí al menos hasta que llegue a cumplir una cuarta parte de la condena, que expirará el próximo mes de diciembre de este año, o hasta que los tribunales consideren que ha transcurrido el tiempo necesario para la clasificación y valoración personal, un precepto que se ha incumplido por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias al dictar la concesión del tercer grado el 20 de diciembre de 2007, justo un año después de que Martín ingresara en prisión, en una decisión que fue ratificada el 9 de abril por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número Uno de Canarias y ahora retirada por la Audiencia Provincial.
