Fernando Jiménez, un ciudadano residente en la isla de Lanzarote, ha denunciado el cobro ilegal de impuestos aduaneros a que la administración está sometiendo a las transacciones comerciales realizadas desde la península con Canarias. Lo que a su juicio es una sobreprotección del comercio local está provocando una discriminación sobre los consumidores residentes en las Islas que, una vez más, son gravados con múltiples impuestos y tributaciones.
El denunciante dice que entiende que le cobren el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) e incluso el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias -un impuesto estatal de naturaleza indirecta que contribuye al desarrollo de la producción de bienes en Canarias-, pero no comprende por qué a los canarios se les cobra, además, lo que se denomina “DUA”, impuesto de aduana o documento único aduanero, que al parecer es competencia del Gobierno de Canarias.
Fernando Jiménez tiene múltiples ejemplos del hecho que denuncia. “Me compré una guitarra en Albacete, y para que me la entregaran en Lanzarote tuve que pagar una tasa de 29 euros, además de otros 2 euros en concepto de AIEM. Los tributos canarios hablan del IGIC, del AIEM, pero no sobre impuestos de aduanas; y así también me ha pasado en muchas otras ocasiones. Los de Correos dicen que si no se les paga la cantidad exigida no pueden hacer entrega de la mercancía”, denuncia.
Además, asegura que ya ha comprobado que estas tasas no se piden cuando se adquieren productos en Inglaterra o incluso fuera de Europa. “¿No somos los canarios españoles también?”, se pregunta.
Las administraciones no contestan
Fernando Jiménez ha acudido a cuantas instituciones públicas ha podido. Sin embargo, sus esfuerzos no se han visto recompensados si quiera con respuestas satisfactorias por parte de la Administración. Por un lado, asegura que primero acudió al despacho de la directora de Correos. Ésta le “dio la razón pero dijo que no podía hacer nada, me reconoció que no hay ninguna norma o publicación legal que establezca el pago de estos impuestos de aduana, pero lo achacó a la tramitación de despachos y dijo que la Agencia Tributaria había autorizado a Correos a este tipo de cobros”.
Sin embargo, parece que las administraciones están pasándose la pelota unas a otras. Fernando acudió también a la oficina de Consumo del Cabildo, donde nuevamente le remitieron a Correos y, desde aquí, a la Agencia Tributaria Canaria. Para más INRI, asegura que la propia directora de Correos le certificó que había cientos de casos con consumidores que también se quejaban de dicho cobro.
Además, en Correos le garantizaron también que no se dispone de libro de reclamaciones desde el año 2000, ya que desde entonces éstas tienen que ser tramitadas bien por teléfono o bien por Internet. “No son reclamaciones válidas pues carecen de cualquier número de referencia”, insiste.
Fernando Jiménez se ha propuesto incluso la recogida de firmas y también la creación de un blog para intentar esclarecer esta extraña política de tributos que se les aplica a los canarios. El denunciante ha llegado incluso hasta el adjunto del Diputado del Común en Canarias, que de momento no le ha aportado respuesta alguna. También me ha escrito Enrique Múgica, el defensor del pueblo, y al menos me ha contestado que se están investigando estos hechos”, explicó.
En opinión de Fernando Jiménez, “a los políticos, empresarios y comerciantes de la Isla les molesta mucho que compremos en la Península, cuando como consumidores debemos tener libertad. Es un problema que afecta a mucha gente no sólo de Lanzarote, sino también de Las Palmas y Fuerteventura. Pretenden que no se compre nada en la Península, sino en Canarias, pero lo que no pueden hacer es cobrarnos impuestos irregularmente”, concluyó.
